“Aquí estoy, saben dónde hallarme”, reta a la PGR
demás del congelamiento de cuentas bancarias de tres empresas, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó cateos en este mes, así como en enero y diciembre pasados, a propiedades del empresario Manuel Barreiro Castañeda.
Como parte da la investigación por lavado contra el queretano, quien ha sido vinculado al candidato presidencial Ricardo Anaya, también llevó a cabo diligencias en su entidad natal, donde entrevistó a diversas personas.
Funcionarios del gobierno federal confirmaron el aseguramiento de las cuentas correspondientes a las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II.
No obstante, no precisaron si la medida corrió a cargo de la Secretaría de Hacienda o de la Unidad de Inteligencia de la PGR; la defensa de Barreiro Castañeda ya promovió amparos.
En tanto, por mayoría de votos, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México declararon infundado el recurso de queja que presentó la PGR para echar abajo la suspensión provisional que le impide determinar la carpeta de investigación (consignar ante un juez) contra el empresario.
Puntualizaron que la decisión de Patricio Leopoldo Vargas, juez décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue correcta al otorgar la suspensión provisional al quejoso, en la que se tomaron en cuenta las manifestaciones de la parte quejosa con las copias de los escritos de 14 de febrero.
El Ministerio Público Federal alegó que el juez de primera instancia debió negar la suspensión provisional por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La PGR aseguró ante el tribunal que no existe el acto reclamado planteado por Barreiro Castañeda, que afi rmó que el 14 de febrero pasado pidió informes a la dependencia federal para conocer el estatus que tiene él en la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017.
La dependencia manifestó que fue ilegal la resolución del juez de amparo, porque la PGR de “ninguna forma podría afectar el derecho de defensa y mucho menos de una forma irreparable”.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) giró un citatorio contra el empresario, además de que existe una alerta migratoria, luego de que en octubre pasado lo denunciaron por trazar un esquema de triangulación para hacer llegar 54 millones de pesos a Anaya.
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente calificó de mentiras las imputaciones y destacó que, prueba de ello, es que ni la PGR ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT) han procedido legalmente en su contra. “Si 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra, y que han repetido hasta el cansancio, es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo; me siguen todo el santo día con los vehículos del Cisen”, sentenció.
Anaya dijo que no es casualidad que la guerrasucia en su contra iniciara el mismo día que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la cuenta pública 2016, en la que detectó desvíos por 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando José Antonio Meade era su titular.
Resaltó que es falso que se haya negado a declarar, como dijo la PGR, y acusó a la dependencia de actuar de manera “facciosa, mentirosa y tramposa”. Reiteró que no renunciará a la candidatura y que ya analizan la posibilidad de denunciar los actos en su contra ante instancias internacionales.