Milenio Monterrey

Aprueba el Congreso la llamada ley fintech

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Elia Castillo, Fernando Damián, Daniel Venegas, Silvia Rodríguez y Miriam Ramírez/

Con 286 votos a favor, tres en contra y 63 abstencion­es, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta del Senado que expide la Ley para Regular las Institucio­nes de Tecnología Financiera, aquellas que prestan servicios bancarios a través de aplicacion­es de inter- net e incluso, usan “monedas virtuales”, mejor conocida como leyfintech. La minuta surgió de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado el 10 de octubre de 2017, la cual fue aprobada el 5 de diciembre pasado. La ley está conformada por 145 artículos divididos en siete títulos y tiene por fin regular los servicios que prestan las institucio­nes de tecnología financiera, así como su organizaci­ón, operación El objetivo es regular el servicio que ofrecen las institucio­nes de tecnología financiera y funcionami­ento, particular­mente de las del sector privado. El documento, que pasará al Ejecutivo para su publicació­n, también reforma nueve legisla- ciones más, a fin de armonizarl­as con el nuevo ordenamien­to. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación de esta ley.

A través de su cuenta de Twitter, colocó un mensaje en el que señaló que la leyfintech “representa un avance en la modernizac­ión del sistema financiero mexicano y da certeza a un innovador segmento de nuestra economía”.

La Secretaría de Hacienda informó que la regulación que se emita consistent­e con la nueva ley estará basada en principios orientados a la protección y defensa de los consumidor­es de estos servicios, a fomentar la inclusión e innovación financiera, y a promover la competenci­a en el sector.

La Asociación de Bancos de México también reconoció la aprobación de la ley y explicó que estará cerca de las autoridade­s en el proceso de elaboració­n de la regulación secundaria. En opinión de la Comisión Federal de Competenci­a Económica, la ley dará mayor certeza jurídica a los usuarios de servicios financiero­s a través de plataforma­s digitales.

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