omentábamos la semana pasada que una de las grandes tragedias mexicanas es que las decisiones de Estado no se basan en el conocimiento científico pertinente.
Un ejemplo clarísimo es la manera en que en el Poder Legislativo se presentan iniciativas de lo más disparatado, fruto de simples ocurrencias que suenan bien, pero que con frecuencia son producto de la demagogia, los intereses o simplemente la ignorancia amparada en buenos deseos.
Es el caso de la presentada recientemente para reformar la Ley de Salud, para definir como “presuntos donadores” a todos los adultos de 18 años en adelante, sin tener que solicitar su autorización para disponer de sus órganos a menos que hayan expresado su voluntad en contra. Suena genial. Sabemos que nuestro país tiene un enorme retraso en cuanto a donación de órganos. Cientos de pacientes esperan para disponer de un trasplante y muchos mueren sin recibirlo.
Pero convertir, súbitamente y por decreto, a todos los ciudadanos en donadores de hecho tiene graves problemas. En primerísimo lugar, porque el sistema de salud simplemente no tiene la capacidad, ni material ni en personal preparado, para recibir y manejar esa cantidad inmensa de órganos. Los expertos en trasplantes ya se manifestaron, si no en contra de la iniciativa, sí de que se apruebe “en el formato actual” (MILENIO, 18 de abril). El director general del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto, por ejemplo, pide que se dé mayor tiempo para analizar la iniciativa, y de asegurarse “que todos los ciudadanos conozcan el concepto, entiendan perfectamente de qué se trata, y manifiesten si están de acuerdo o la rechazan”. Y el coordinador nacional de trasplantes del Issste, Aczel Sánchez, declara que primero habría que “fortalecer con recursos humanos y financieros a las instituciones para poder atender las necesidades de donación y trasplantes”. Pero hay otros argumentos: desde el punto de vista bioético, el cuerpo es propiedad inalienable del individuo. Al disponer por decreto de sus órganos, el Estado se excede y viola el derecho de la persona fallecida, y de sus familiares, a tomar la decisión final. Muchos ciudadanos, por razones religiosas, sentimentales o ideológicas, no estarían de acuerdo con una donación automática. En distintos países hay leyes que toman en cuenta estos derechos de distintas maneras. Pero prácticamente en ninguno, salvo regímenes autoritarios, se impone la donación por default.
Además, muchos ciudadanos no pueden ser donadores, por edad o por padecer enfermedades degenerativas o infecciones. Muchos no son conscientes de padecerlas. ¿Cómo se tendrían registros médicos actualizados y accesibles para poder decidir, en unas apremiantes pocas horas, si un paciente es donador adecuado?
Habrá que pensar cuidadosamente para implementar una iniciativa de este tipo. Al parecer, afortunadamente, la votación fue pospuesta debido precisamente a la falta de consenso de los expertos.
Esperemos que prevalezca la sensatez y la iniciativa se modifique para convertirse en una propuesta realista y respetuosa de los derechos. Una que, más que transformar donación en obligación, se base en una amplia campaña de donación, ahora sí, voluntaria y centrada en una ciudadanía responsable y bien informada.