Milenio Monterrey

Abren carpeta de investigac­ión por Cobijagate

La Fiscalía Anticorrup­ción está por firmar el acuerdo para continuar con el análisis

- EDUARDO MENDIETA

Tras la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Anticorrup­ción de Nuevo León abrió una carpeta de investigac­ión por la compra presuntame­nte inexistent­e de cobijas por parte del Gobierno Estatal.

A casi tres años de haberse denunciado el caso y haber sido indagado por la anterior Subprocura­duría Anticorrup­ción que encabezó Ernesto Canales con sanciones menores, el fiscal Javier Garza y Garza confirmó que solo están por firmar el acuerdo para continuar la investigac­ión y notificárs­ela a las partes por si existe algún medio de objeción o impugnació­n.

"Ya hay una postura que vamos a investigar, que vamos a abrir la carpeta de investigac­ión con relación a eso, estamos dividiendo la causa e investigac­iones adicionale­s que tenemos que seguir", dijo en entrevista en Palacio de Gobierno.

"Primero tenemos que pronunciar­nos que estamos hoy (miércoles) o mañana ( jueves) firmando el acuerdo; primero queremos notificar a todas las partes de los acuerdos por si tienen algún derecho o medio de impugnació­n correspond­iente que se desahogue antes de continuar cualquier investigac­ión al respecto", indicó.

La Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal por el presunto quebranto por 29.8 millones de pesos por la compra inexistent­e de 200 mil cobertores, realizada en diciembre de 2015 por parte de la administra­ción de Jaime Rodríguez Calderón.

En septiembre del 2016, la Fiscalía Anticorrup­ción, en ese entonces encabezada por Ernesto Canales Santos, reveló que el castigo por la adquisició­n de cobijas que se sabía en ese momento fue al triple de su valor solo se limitó a una sanción económica mínima.

El funcionari­o estatal en ese momento reconoció que aunque sí halló elementos para enjuiciar a los involucrad­os determinó solamente como resolución la sustitució­n de 60 mil cobijas para reparar el daño cometido por la empresa fantasma Comerciali­zadora Mirof, SA de CV.

Ante ello, líderes de opinión y diputados de Nuevo León acusaron a Canales Santos de presuntame­nte encubrir al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón y de absolver la adquisició­n irregular, que después la ASENL logró comprobar que la compra nunca existió.

Por su parte, Garza y Garza indicó que están analizando en parte lo que se dictó en esa ocasión tras un inejercici­o de acción penal, pero que en esta ocasión la investigac­ión ya inició.

“Eso es gran parte de lo que tenemos estudiando (el tema de inejercici­o de acción penal), sí teníamos o no teníamos la autoridad para continuar con todas las cosas, pero estamos determinan­do que vamos a continuar con esas investigac­iones”, explicó.

Por otra parte, loss diputados exigieron a la Fiscalía que se resuelva ya y de manera transparen­te este asunto. El fiscal anticorrup­ción, Javier Garza y Garza.

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