Gobierno aceptará recomendación
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal aceptará la recomendación de la CNDH y estudiará el contenido para definir si cambia la “verdad histórica” y para dar a conocer su postura en los próximos días. DH "constituye la mayor aproximación a la verdad" y reveló que en no pocas ocasiones altos funcionarios de la PGR se negaron a proporcionar información, incluso a facilitar la toma de fotografías para validar información.
Por el contrario, señaló que fue el Ejército la institución con la que menos problemas de obstrucción de información enfrentó el organismo.
“En diversas ocasiones, las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas”, subrayó.
El ombudsman indicó que la recomendación 15VG/2018 debe constituir "un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer" y corresponderá al próximo gobierno federal "enderezar y continuar las investigaciones penales".
La CNDH documentó que al menos 72 de los imputados fueron torturados o recibieron algún tipo de maltrato, y denunció que en diversas ocasiones hubo falta de cooperación de la PGR, incluso que negó o hizo caso omiso a las solicitudes de información.
También detectó que la diligencia de inspección que realizó la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón y a la que se llevó al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, se hizo al margen de la ley con irregularidades en la captura.
En el informe, cuya presentación llevó más de nueve horas, la CNDH señaló que hubo dos rutas de desaparición de los normalistas, pero la PGR no ha explicado por qué no se han investigado los restos pétreos, ni la totalidad de las prendas recuperadas.
Precisó que lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala es una evidencia a escala internacional de "las profundas deficiencias de la seguridad pública, así como de los sistemas de procuración e impartición de justicia".
La recomendación está dirigida a 16 autoridades, entre ellas Presidencia, Semar, Sedena, Función Pública, SEP, el subprocurador jurídico de PGR, el comisionado nacional de Seguridad, el de Atención a Víctimas, el gobernador de Guerrero y funcionarios locales, además del gobernador de Morelos.