Política hídrica nacional, ¿qué sigue?
La actual política hídrica en México parte del modelo descentralizador implementado en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, cuyas modificaciones de 2004 buscaban establecer lineamientos para asegurar una gestión integrada del agua
El 15 y 16 de noviembre pasado tuvo lugar en la ciudad de Monterrey el Foro sobre Gobernanza del Agua, una Visión Compartida, organizado por la presidencia del Consejo de Cuenca del Río Bravo (CCRB). El CCRB es un órgano mixto y colegiado de apoyo a las funciones del Organismo de Cuenca del Río Bravo, cuya región hidrológica de influencia es la más grande en extensión de las 13 que comprenden la cobertura administrativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el territorio nacional. El foro respondió a una iniciativa de la nueva dirigencia del CCRB, para establecer un diagnóstico de las condiciones en torno a la gestión del agua en la región, e identificar retos y oportunidades para su manejo integrado. Cabe resaltar dos aspectos relevantes en torno a la celebración de este evento:por un lado la participación y el insumo crítico de los representantes de los diferentes usos del agua en la región hidrológica, así como de los responsables de los órganos auxiliares del CCRB, quienes aportaron una visión actual de las problemáticas enfrentadas cotidianamente, en el marco de su relación con la Conagua. Por otro lado, la contribución de perspectivas multidisciplinarias por parte de especialistas nacionales y extranjeros, algunas surgidas de recientes investigaciones, sobre aspectos que han incidido en el estado que guarda la problemática de los recursos hídricos en la cuenca en cuestión y en el país, complementando los comentarios más operativos.
Otro punto digno de mencionar sobre el foro fue su oportunidad en relación a los tiempos del cambio de gobierno y de la nueva administración de la Conagua, cuyas autoridades enfrentarán diferentes desafíos, producto del crecimiento económico y urbano del país, de la desigualdad geográfica de sus recursos hídricos, pero mayormente de la problemática heredada de las acciones de política hídrica de gobiernos anteriores.
La actual política hídrica en México parte del modelo descentralizador implementado en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 (LAN), cuyas modificaciones en 2004 buscaron establecer lineamientos más puntuales para asegurar una gestión integrada del agua, considerando a la cuenca como la unidad básica de referencia. En estos procesos de cambio a nivel federal son fundamentales tanto el concurso de las legislaciones estatales en la adopción de esos principios, con el objeto de establecer acciones concertadas e integrales, como el papel de los Consejos de Cuenca para asegurar las condiciones de gobernanza necesarias que aseguren los objetivos del modelo de gestión que establece la ley.
Tanto las discusiones como las conclusiones del foro dieron cuenta de una realidad muy distinta al papel operativo que define idealmente la LAN para los Organismos y los Consejos de Cuenca, y su relación con los distintos actores gubernamentales y sociales en las regiones correspondientes, un panorama que es coincidente con otros estudios y reportes recientes de la academia y la sociedad civil en relación a otras regiones del país. En este espacio se citan brevemente algunos de estos puntos.
Uno de los problemas considerados más relevantes en torno a la actual política hídrica en el país es la ausencia de una visión coincidente de cuenca que aporte la base necesaria para que exista una sintonía entre los programas a diferentes niveles gubernamentales, en dirección de una verdadera gestión integral. Esta condición es un factor central detrás de la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, y de la generación de programas sectoriales estatales con objetivos de corto plazo, orientados básicamente a atender las necesidades más apremiantes.
Al nivel operativo de los Consejos, se ha identificado por un lado la ausencia de mecanismos de información y comunicación por parte de la Conagua, no únicamente en el seno de los Consejos, hacia y entre los representantes de los usos y las instancias gubernamentales participantes, sino para el público en general, en términos de las funciones de dichos órganos y de las problemáticas regionales existentes.
Por otro lado, la falta de apoyos financieros y su manejo adecuado impacta a procesos como el monitoreo, y sobre todo el apoyo a organismos auxiliares de los Consejos, cuya labor es fundamental para el trabajo informado de los mismos. En el caso de los representantes de los diferentes usos del agua, lo anterior restringe grandemente sus posibilidades para participar, así como para implementar acciones y estrategias de apoyo en sus respectivas áreas.
La gestión integral del agua es uno de los ejes prioritarios de la nueva administración de la Conagua, pero su consecución impone complejos desafíos, como apenas se ha esbozado aquí. Las bases sociales y usuarias de este invaluable recurso en las diferentes regiones del país son un punto fundamental para asegurar los objetivos de gobernanza que implica la aplicación de ese modelo de la política hídrica nacional.