Sueldos elevados en época de pobreza
Es increíble la normalización de la desigualdad en México en pleno siglo XXI. Me resisto a creer lo normal que le resulta a muchos ver cómo nuestra burocracia dorada se autoasigna elevados sueldos y prestaciones en un contexto generalizado de pobreza.
Es como estar en pleno Renacimiento discutiendo si los indígenas tienen alma o en la vieja Atenas normalizando la esclavitud mientras los ciudadanos disfrutan del ágora.
¿Son ciegos o hacen como que no ven? ¿Se repite el fenómeno de no entender que no entienden?
No debatamos cuánto deben ganar un ministro o un alto miembro de nuestra burocracia. Quizá merecen esos salarios o hasta mayores, pero un Estado con cientos de miles de empleados públicos contratados por honorarios y con maestros a los que se les regatean los aumentos no puede ni debe pagar esos sueldos de marajás.
El debate sobre la hiperespecialización y los años dedicados a la formación tampoco vale. De ser así, tendrían que pagárseles salarios similares a los médicos especialistas del IMSS y el Issste.
No es ético ni responsable mantener esas asimetrías en la administración pública. Hacerlo es reproducir la desigualdad hacia dentro del Estado, permitiendo a un estamento defender privilegios arrancados al erario mientras los gobiernos federal, estatal y municipal emplean a cientos de miles en calidad de informales o contratan servicios outsourcing.
Porque otro saldo del neoliberalismo ha sido la informalización de la administración pública. Mientras la Secretaría de Hacienda lleva décadas congelando plazas, los directores de recursos humanos aprueban contrataciones vía honorarios de puestos que debieran ser de nómina.
El resultado ha sido que miles de mexicanos que iniciaron a laborar hace 30 años en el gobierno federal por honorarios hoy enfrentan un futuro sin pensión alguna, cual si fueran millennials, sobre quienes también pende esa amenaza.
Por eso me resisto a dejar a los jueces en paz. Pero también a nuestra nueva burocracia dorada formada por magistrados, ministros, jueces, consejeros electorales, integrantes del INAI, del INEE, de la Cofetel, de la Cofeco, de la CNH, Ombudsmans y demás en los estados y municipios.
Porque la escena federal se reproduce en cascada y por eso tuvimos a presidentes municipales asignándose salarios para vivir como jeques en medio de la miseria.
Lo más interesante del episodio de confrontación de poderes que hemos visto es que se trató de política real a la vista. Más allá de la preocupación legítima de muchos –exagerada de los más–, por la independencia de los poderes, se olvidan que autonomía e independencia no se dan en el vacío.
Si el Poder Judicial y los órganos autónomos no regulan la ambición económica de quienes los dirigen, es obligado que desde otro poder, con base en la Constitución, les hagan ajustarse. Eso es el juego democrático.
En congruencia, además de reducir los salarios de la Corte y de su propia burocracia dorada , el siguiente paso de Carlos Urzúa y Andrés López Obrador tendrá que ser liberar las promociones que tienen congeladas en el Politécnico y en la UNAM, donde decenas de miles de maestros se quedaron en 19 horas, porque si les dan una más, impacta al presupuesto y se pueden promover.