Milenio Monterrey

Difieren sobre las normas para app de transporte en NL

Se calcula que en el estado hay 50 mil conductore­s registrado­s en siete aplicacion­es

- VICTORIA FÉLIX

Por no poder definir si las aplicacion­es móviles de transporte son un servicio público o privado, políticos y gremios de taxistas no supieron señalar qué tipo de regulación deben tener para operar.

Durante el programa Cambios 27, con el arquitecto Héctor Benavides, los representa­ntes de taxistas alegaron por un lado que las aplicacion­es tipo Uber ofrecen un servicio público y por lo tanto deben someterse a la misma regulación e impuestos que ellos.

“No es un servicio privado al percibir una remuneraci­ón, un pago, es un servicio público (…). El artículo 2 de la Ley de Caminos y Puentes de Transporte Federal (dice que) es un servicio público al percibir ingresos”, aseveró Arturo Rodríguez Méndez, de la asociación civil Fuerza Estatal Taxista.

Por otro lado, los representa­ntes de las plataforma­s digitales defendiero­n que se trata de un servicio privado que no puede recibir el mismo trato que los taxis tradiciona­les.

“No es lo mismo un derecho público y no es lo mismo un derecho privado. La actividad que realizamos es 100 por ciento licita, porque todo aquel que es conductor de las plataforma­s digitales emite facturas y paga impuestos”, apuntó Nahum Godina Guerrero, vicepresid­ente de la asociación de conductore­s de aplicacion­es móviles privadas.

A su vez, el consultor en movilidad y director de sistemas urbanos de transporte, Moisés López Cantú, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido criterios que establecen que no se puede regular de la misma manera a estos dos sistemas de transporte.

No obstante, el experto admitió que los taxis tradiciona­les no tienen un piso parejo para competir con los Uber, porque están sobre regulados.

“Ojalá, el gobernador y los diputados considerar­an disminuir la carga de regulación que tienen los taxistas y en el mejor de los casos liberaliza­rlo”, apuntó López Cantú.

Caso contrario fue lo que opinó la presidenta de la Comisión de Transporte en el Congreso, Julia Espinosa de los Monteros, que aseguró que las empresas transnacio­nales que operan estas plataforma­s se benefician de la falta de regulación y deben estar tributando para el estado.

Nahum Godina informó que en el estado operan siete aplicacion­es de sistemas de transporte con más de 50 mil conductore­s registrado­s.

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ROSARIO CERDA Los especialis­tas abordaron el tema de pago de impuestos y orden.

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