Orden de aprehensión contra Ernesto Canales por fraude
Caso Paula Cusi. El ex subprocurador Anticorrupción en Nuevo León y su socio son presuntos responsables de defraudar por seis millones de dólares a quien fuera esposa del fundador de Televisa
Por ser presunto responsable de la comisión del delito de administración fraudulenta por el caso Paula Cusi, el juez vigésimo cuarto penal de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales, ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, así como de su socio César Gerardo Francisco García Méndez.
El documento, del cual posee copia MILENIO Monterrey, señala que la orden fue girada desde el pasado 24 de junio del año en curso, por lo cual se ordena a las autoridades investigadoras capitalinas realizar la detención del ex subprocurador de Nuevo León por presuntamente apropiarse de seis millones de dólares.
En el texto se ordena el encarcelamiento en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
Fue en el 2007 cuando Canales y su socio representaron en un litigio a Paula Cusi, esposa de Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa.
La demanda contra Canales y su socio inició en el año 2012.
Fuentes extraoficiales ubican a Ernesto Canales actualmente en Europa.
Por ser presunto responsable de la comisión del delito de administración fraudulenta en contra de Paula Cusi, el juez vigésimo cuarto penal de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales, ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, así como de su socio César Gerardo Francisco García Méndez.
El documento, del cual posee copia MILENIO Monterrey, señala que la orden fue girada desde el pasado 24 de junio del año en curso, por lo cual se ordena a las autoridades investigadoras capitalinas realizar la detención de Canales por apropiarse presuntamente de seis millones de dólares.
De igual forma, en el texto se ordena el encarcelamiento en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
Fuentes extraoficiales ubican al ex funcionario de viaje por Europa.
"En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 24 de junio de 2019, dictada en la causa penal que al margen se indica, solicito a usted gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, a efecto de que elementos a su cargo se aboquen a la búsqueda, localización y aprehensión de César Gerardo Francisco García Méndez y Ernesto Canales Santos, por ser probables responsables en la comisión del delito de administración fraudulenta, perpetrado en agravio de Paula Cusi Presa Matute, representada por Jacinto Guillén Álvarez. Y una vez hecho lo anterior, sean ingresados en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México", se lee en el documento.
Fue en 2007 cuando Canales y su socio representaron a Paula Cusi, ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa, en un litigio.
La demanda contra Ernesto Canales y su socio se presentó el 26 de marzo de 2012 en la entonces Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (Pgjdf ), ahora Ciudad de México.
En la Oficialía de Partes de la Fiscalía para Asuntos Especiales de la Procuraduría capitalina quedó asentado que la demanda contra Canales se recibió en la fecha señalada y fue interpuesta
por Jacinto Guillén Álvarez, apoderado legal de Cusi.
A partir de ahí, la Procuraduría capitalina citó en diversas ocasiones a Canales para mostrar sus pruebas y alegatos en su defensa, sin embargo, éste no acudió, alegando que nunca fue notificado.
Aun y cuando tomó posesión de la Subprocuraduría Anticorrupción en 2015, Canales admitió ante diputados locales, el 4 de abril de 2016, haber recibido el pago de seis millones de dólares, pero justificó que éstos fueron por costos del litigio y honorarios.
El 27 de junio de 2017, Canales buscó ampararse para evitar cualquier acción legal en su contra, sin embargo, dicho recurso le fue negado.
Inclusive, en ese mismo año, también se le giró una orden de aprehensión a su socio César Gerardo Francisco.
En 2018 fue disuelta la Subprocuraduría Anticorrupción debido a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción independizando todas las procuradurías estatales para convertirse en fiscalías.