Condenado El Chapo, SHCP y EU van ahora por sus millones
El ex subprocurador Anticorrupción es acusado del delito de fraude contra Paula Cusi
Tras la sentencia de cadena perpetua dictada contra el capo de 62 años, la cual cumple ya desde anoche en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, al sur de Denver, en Colorado, ahora la mira estará puesta en los 12 mil600mdd en beneficios que obtuvo gracias al narcotráfico, según el cálculo del gobierno estadunidense.
Con un amparo, el ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, frenó la orden de aprehensión en su contra que giró un juez de la Ciudad de México por el presunto delito de fraude por seis millones de dólares, en agravio de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo.
Cuando se libró la orden de capturaelpasado24dejunio,elexfuncionario promovió el recurso legal y posteriormente el juez federal le concedió la suspensión definitiva.
Es en el juzgado Vigésimo Cuarto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se lleva el caso de Canales Santos y quien fuera su socio, César Gerardo Francisco García Méndez.
El delito que se les imputa no está tipificado como grave, motivo por el cual no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que tienen la oportunidad de enfrentar su proceso en libertad.
La suspensión definitiva concedida por el juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
El ex subprocurador fue acusado de haberse quedado cuando era su abogado, con 6 millones de dólares que Paula Cusi habría recibido como compensación por la cesión de todos los derechos a Emilio Azcárraga.
El dinero a cambio fue para que Cusi no emprendiera acciones legales contra él y así mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le heredó su padre.
Según consta en una sentencia, dictada en 2017, por el juzgado Décimo de Distrito de Amparo en
Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Paula Cusi realizó los pagos el 17 y 27 de mayo de 2011, cada uno por 3 millones de dólares. Dicho expediente está relacionado con el amparo interpuesto
por Ernesto Canales.
En su fallo, el juez de amparo, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, criticó la actuación de la procuraduría capitalina, por la “dilación” en este asunto.