Milenio Monterrey

Busca la CNTE ampararse contra la ley garrote

La sección 7 de Chiapas anuncia paro indefinido de labores que estallará tras el regreso a clases

- FRANCISCO MEJÍA

La Coordinado­ra Nacional de Trabajador­es de la Educación (CNTE) en Tabasco interpondr­á la próxima semana un amparo contra la denominada “ley garrote”, aprobada por el Congreso local.

El integrante de la Comisión Política de la CNTE, Alberto Barrera Sandoval, advirtió que la legislació­n que entró en vigor el pasado 1 de agosto en la entidad tiene como objetivo “evitar movilizaci­ones sociales”.

“No solo de los grupos pequeños, sino más bien por las de la CNTE, que de 2013 para acá hemos tomado carreteras y edificios para buscar la reinstalac­ión de nuestros compañeros cesados”, comentó".

El activista dio a conocer que por ello caminaran hacía el ámbito jurídico. “Vamos a meter un amparo contra esta ley, porque es nociva para todos nosotros; nos quita el derecho de organizarn­os, implica quitarnos nuestras garantías individual­es y sociales”.

En tanto, el secretario general de la sección 7 de la CNTE de Chiapas, Pedro Gómez, anunció “un paro indefinido” de labores en escuelas de educación básica de ese estado, pero aún no definen fecha.

Detalló que mañana iniciarán una concentrac­ión masiva de profesores en Tuxtla Gutiérrez, frente al edificio del gobierno estatal; prometió que sí habrá clases a partir de la apertura del ciclo escolar, el próximo 26 de agosto, y que el paro estallará en el transcurso de esa semana.

En conferenci­a de prensa argumentó que el gobierno estatal les debe “miles de millones de pesos. Una vez que no hemos podido alcanzar, desde enero para acá, acuerdos para poder hablar de respeto reciproco e instalar formalment­e una mesa bilateral, hemos manifestad­o que nos vamos a un paro indefinido de labores”.

El secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Eloy López, urgió a los gobiernos de los estados a resolver diversas demandas que han sido acordadas con el Presidente, entre ellas la reinstalac­ión de profesores despedidos, el cierre de carpetas de investigac­ión ministeria­l contra el gremio y adeudos salariales. La norma va contra extorsiona­dores y se aplica desde agosto.

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