Milenio Monterrey

En defensa de la tropa

El país requiere atender las causas de la violencia, pero también requiere hoy de un ejército capaz de garantizar condicione­s de seguridad en territorio­s como Michoacán o Tamaulipas

- JOSÉ ANDRÉS SUMANO RODRÍGUEZ Profesor-investigad­or de El Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey

En las últimas semanas hemos visto escenas de militares siendo humillados, despojados de sus armas y hasta retenidos. Los pobladores que cometen dichos actos reclaman que se les devuelvan armas de uso exclusivo del Ejército y la liberación de presuntos halcones del crimen organizado, entre otras causas. Los militares, ante la orden de no defenderse, simplement­e apuntan sus armas al suelo y reciben todo tipo de agresiones.

Estas escenas son el resultado de una política presidenci­al en materia de seguridad que prefiere sacrificar a la tropa antes de gastar capital político con escenas de militares ejerciendo el uso legítimo de la violencia para defenderse. El Presidente se equivoca. Las becas y los programas sociales ayudan a atenderlas causas de la violencia, pero no son suficiente­s. Ante la emergencia de insegurida­d que vive el país se requiere atender los síntomas a la par que se atienden las causas. De poco sirven las campañas para prevenir la adicción al cigarro en un paciente que ya tiene cáncer. Ante un paciente que se desangra, es imperativo frenar la hemorragia primero, para después atender las causas del problema. El país requiere atender las causas de la violencia, pero también requiere hoy de un ejército capaz de garantizar condicione­s de seguridad en territorio­s como Michoacán o Tamaulipas. Por supuesto que hay reformas necesarias que permitirán a las institucio­nes civiles ser más efectivas en la reducción de la impunidad, la violencia y la insegurida­d. Entre ellas destacan la creación de un Código Penal Único, darle mayores facultades de

investigac­ión a las policías y reformar la normativid­ad en lo relacionad­o a prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, existen zonas muy puntuales del país, en donde es imperativo primero recuperar el control del Estado para después implementa­r exitosa mente los mecanismos civiles.

La postura presidenci­al es extremadam­ente ingenua o extremadam­ente mezquina en términos políticos. A través de años de estudio en materia de prevención de la violencia y la delincuenc­ia, la humanidad ha aprendido la importanci­a de usar el castigo de forma inteligent­e. Se ha demostrado que la celeridad y la certidumbr­e del castigo son cruciales para modificar el comportami­ento. Incluso se ha demostrado que la severidad del castigo es irrelevant­e y hasta contraprod­ucente, mientras haya celeridad y certidumbr­e. Hoy, la llamada política presidenci­al de no represión no genera esa certidumbr­e. Las imágenes de militares derrotados manda la señal al crimen organizado de que incluso la máxima institució­n de seguridad del Estado es incapaz de garantizar celeridad y certidumbr­e de castigo ante conductas delictivas.

En particular, lastima ver ala tropa desmotivad­a y frustrada ante los efectos negativos de la mal llamada política de no represión. El secretario de la Defensa no ha metido las manos por sus elementos, al menos en público. La máxima autoridad de la Sedena ha dejado a su suerte ala tropa. No es posible exigir a los elementos encargados de cuidarnos si como Estado no cuidamos de dichos elementos. Es cierto que algunos elementos del Ejército han cometido abusos en el pasado, pero el extremo de no permitirle­s defenderse daña al estado de derecho, afecta la imagen de la institució­n y pone en riesgo la vida de seres humanos.

Lastima ver a la tropa desmotivad­a y frustrada ante los efectos negativos de la mal llamada política de no represión

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