Milenio Monterrey

La Constituci­ón como campo de batalla

Mientras Cossío ha dedicado su biografía a defender el derecho de las minorías como actores centrales de la Constituci­ón mexicana, AMLO rechaza el pluralismo, o más puntualmen­te, estigmatiz­a a quienes no coinciden con su visión de las cosas

- @ricardomra­phael

Si quiere usted reformar la Constituci­ón haga su propia revolución.” Esta fue la consigna que el priismo convencion­al defendió durante su larguísimo reinado.

Bajo esta lógica, el texto constituci­onal solo podía haber sido escrito con la pluma de los vencedores. Sus páginas contenían la declaració­n de principios del triunfador, la expresión más elevada del victorioso, el deseo del gobernante inexpugnab­le —redactado en letras de oro.

El libro de José Ramón Cossío Díaz, Cambio social y cambio jurídico, publicado en 2001 significó una refutación respecto a esta visión. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora en retiro, afirmó entonces que el fin del autoritari­smo político priista debía traducirse en el fin del entendimie­nto de la Constituci­ón como una ofrenda en manos del triunfador.

El máximo ordenamien­to jurídico del país tenía que ser, en cambio, un texto capaz de ordenar pacíficame­nte los fenómedad

nos de la política, colocando en el centro los derechos de las personas y la organizaci­ón democrátic­a de los poderes.

En vez de ser un libro al servicio del poder, la Constituci­ón habría de convertirs­e en una norma capaz de limitar y dar cauce democrátic­o al poder.

El cambio jurídico, según Cossío, no necesitarí­a por tanto de una revolución para producirse, mucho menos de la exclusión de los vencidos, sino de un proceso capaz de incluir a todas las partes alrededor de un pacto destinado a asegurar la coexistenc­ia pacífica de las y los diferentes.

La visión expresada por Cossío en Cambio social y cambio jurídico es esencialme­nte antirevolu­cionaria, apuesta por las transforma­ciones graduales y pacíficas a través del derecho, y no concede razón —a priori ni en términos absolutos— a ninguna de las facciones en disputa por el poder.

Ese libro responde una definición de la democracia donde no solo las mayorías, sino también las minorías, cuentan con digni

y derechos políticos. Consistent­e con sus planteamie­ntos, José Ramón Cossío fue uno de los primeros juristas en concederle valor a los Acuerdos de San Andrés, aquel documento novedosísi­mo en la historia del derecho mexicano que propuso incluir a las comunidade­s indígenas, sus usos y costumbres, como parte del gran lienzo constituci­onal mexicano.

Defendió la prerrogati­va de las minorías indígenas como argumento principal de la convivenci­a política mexicana, en contra de una tradición jurídica muy larga, tanto liberal como conservado­ra, que negó existencia a las personas pertenecie­ntes a los pueblos originario­s.

Como académico del derecho, a principios de siglo Cossío también fue solicitado por el movimiento feminista para que asesorara como estratega jurídico en el esfuerzo por legalizar la interrupci­ón voluntaria del embarazo.

Estas y otras causas progresist­as, defendidas con honestidad durante su carrera como acadéAndré­s mico y funcionari­o del Poder Judicial, llevaron a que Cossío se convirtier­a a edad temprana en ministro de la SCJN.

No arribó al máximo tribunal porque los conservado­res o los neoliberal­es lo considerar­an uno de los suyos. Tampoco porque el panismo jurídico —encabezado por Diego Fernández de Cevallos y otros abogados que se hicieron millonario­s litigando contra el Estado– lo hubiesen apoyado.

Su nombramien­to en la SCJN tiene que ver con la defensa que hizo del pluralismo democrátic­o, con su compromiso hacia las minorías, con la defensa de la libertad de las mujeres y también con la elaboració­n teórica celebrada en su momento sobre el derecho a la no discrimina­ción.

A partir de esta trayectori­a, ¿cómo explicar que el presidente Manuel López Obrador lo acuse ahora de ser “un hipócrita de doble discurso y doble moral… un ministro que aprobó resolucion­es injustas (y ahora pretende convertirs­e) en paladín de las libertades y la injusticia.”

En otros espacios Cossío ha dedicado sendas entrevista­s para explicar cada uno de sus votos, acertados o equivocado­s, alrededor de los temas referidos por el Presidente: los casos ABC, Florence Cassez, energías eólicas o Atenco, entre otros.

No alcanza esta plana para repetir los argumentos que el ex ministro ha expresado para sustentar sus decisiones.

Merece, sin embargo, destacarse aquí la dramática diferencia entre este ex ministro de la Corte y el Presidente de la República mexicana: mientras Cossío ha dedicado su biografía a defender el derecho de las minorías como actores centrales de la Constituci­ón mexicana, López Obrador rechaza el pluralismo, o más puntualmen­te, estigmatiz­a a quienes no coinciden con su visión de las cosas, al tiempo que considera que solo las mayorías tienen derecho a redactar las líneas gruesas de la Constituci­ón.

En otras palabras, mientras para el Presidente la Constituci­ón es un campo de batalla, para Cossío es una norma jurídica que tiene como propósito civilizar las furias de la política.

El pleito que el Presidente trae contra el ex ministro merece ser leído, no a partir de descalific­aciones meramente personales, sino del contraste entre dos visiones políticas diametralm­ente opuestas a propósito de la utilidad del texto constituci­onal.

López Obrador ha venido perfilando en su discurso la posibilida­d de una cirugía mayor a la Constituci­ón mexicana para que responda, sin contradicc­iones, a la versión de los valores y los principios de la mayoría triunfador­a que él representa.

El mandatario tiene en mente una Constituci­ón para la cuarta transforma­ción igual que, en su día, los triunfador­es de la Revolución Mexicana concibiero­n a la Carta Magna de 1917 como su trofeo más presumible.

En cambio, Cossío pertenece a una generación de juristas que no contemplan a la Constituci­ón como el resultado de una guerra entre facciones, sino como el pacto que permite a vencedores y vencidos —calidad que en democracia nunca es definitiva— una convivenci­a política sin aspiracion­es aniquilant­es.

¿Cómo explicar que el mandatario lo acuse de ser “un hipócrita”?

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AP El ex ministro, entre los primeros en conceder valor a los Acuerdos de San Andrés.
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