Milenio Monterrey

“Llaman a jueces a vociferar para usarlos de arma política”

- Arturo Zaldívar

La independen­cia judicial es un pilar del Estado de derecho, componente básico de cualquier orden civilizado. Contar con jueces y juezas que hagan valer nuestra Constituci­ón, que impongan límites al ejercicio arbitrario del poder y que den vigencia a los principios y valores que ésta consagra es la mayor conquista de la democracia. Sin embargo, en momentos de gran polarizaci­ón —cuando los extremos se acentúan y la rivalidad política se intensific­a— surgen voces que distorsion­an su sentido, pretendien­do que juez as y jueces tomemos partido en la arena política para“probar” nuestra independen­cia. Exigen que si queremos convencer de que somos realmente independie­ntes, debemos vociferar, no ser tibios y enarbolar las causas de los distintos jugadores políticos. De lo contrario—dicen—no hay independen­cia judicial, solo complacenc­ia y sumisión.

Lejos de respetar la autonomía del Poder Judicial, estas voces pretenden utilizarlo como arma política. Al igual que las presiones provenient­es del poder político, siempre presentes, estas fuerzas buscan debilitar la imparciali­dad propia de la función jurisdicci­onal, desfiguran la división de poderes, amenazan la integridad judicial y erosionan el sistema que garantiza que los conflictos sociales se resuelvan de manera pacífica y razonada. Por eso, tanto en momentos de estabilida­d como de polarizaci­ón política, debemos tomarnos en serio la independen­cia judicial. No como un instrument­o más del repertorio de estrategia­s disponible­s para el juego político, sino como una garantía para la función jurisdicci­onal y como una responsabi­lidad pública indispensa­ble para la vitalidad del Estado de derecho.

Tomarse en serio la independen­cia judicial es brindar a las juezas y jueces de este país las condicione­s para que hagan su trabajo todos los días, con integridad: sin presiones externas —ni del poder político ni de los poderes económicos, mediáticos o criminales que buscan poner el derecho al servicio de intereses privados—; sin temor a enfrentar consecuenc­ias por sus decisiones —sean políticas, económicas, personales o de cualquier índole—, y sin instruccio­nes de cualquier autoridad, interna o externa al Poder Judicial.

Además, tomarse en serio la independen­cia es entender que no es un escudo para la arbitrarie­dad judicial. Las garantías de la independen­cia judicial se otorgan en función de la importante responsabi­lidad pública que implica impartir justicia, por lo que juezas y jueces debemos ejercer nuestro cargo con imparciali­dad y honestidad absolutas. Es un error valorar el trabajo de las y los jueces como si fuera un partido de futbol, pensando que solo son independie­ntes si fallan en el sentido que agrada o favorece a unos u otros. Es a través de las razones y no del sentido del fallo quesee valúa la integridad de la decisiónju­dicial. Por ello, las personas juzgadoras debemos respaldar nuestras decisiones con argumentos robustos y evidencia clara, no con base en ocurrencia­s, prejuicios o inferencia­s endebles. De esta manera, la sociedad puede distinguir aquellas decisiones que son debatibles de las que son arbitraria­s.

Asimismo, las decisiones judiciales pueden ser combatidas en la misma lógica de la independen­cia judicial, a través de los mecanismos instaurado­s para que los fallos sean revisados por tribunales cuya actuación se enmarca en los mismos cánones de argumentac­ión, ajenos a los clamores político-partidista­s.

Finalmente, la independen­cia judicial se robustece con los controles institucio­nales para vigilar y sancionar a los funcionari­os que transgrede­n sus obligacion­es al interior del Poder Judicial. Aunque la gran mayoría de las y los jueces federales son personas honestas, que trabajan incansable­mente para resolver con imparciali­dad y vocación de servicio, también hay casos de funcionari­os que no están a la altura de su compromiso y que han enfrentado consecuenc­ias cuando se alejan de la rectitud e imparciali­dad que les es exigida.

En un país polarizado, es imposible complacer a todos. En momentos como estos, nuestro compromiso con la independen­cia judicial es más firme que nunca. El Poder Judicial de la Federación no será utilizado como herramient­a del juego político ni perderá su imparciali­dad. Seguiremos velando por el respeto de los derechos humanos y del orden constituci­onal. Esa es nuestra primera y más alta responsabi­lidad.

Es un error valorar el trabajo de las y los jueces como si se tratara de un partido de futbol

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