Crímenes fabricados desde el Estado
Tengo ya varios años escandalizado por la impunidad con que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha fabricado delitos en contra de varios cientos, acaso miles, de personas inocentes.
Esta semana, el expediente de Israel Vallarta Cisneros atrajo los reflectores, pero de ninguna manera es un caso aislado. A Vallarta y Florence Cassez les destrozó la vida una maquinaria especializada en destrozarle la vida a muchas ciudadanas y ciudadanos que no lo merecían.
Aparecen como principales responsables del montaje de Las Chinitas —rancho donde falsamente detuvieron a Vallarta y a Cassez el viernes 9 de diciembre de 2005— el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y su segundo en el mando, Luis Cárdenas Palomino.
Sin retirar un solo gramo de la responsabilidad que pesa sobre estos ex funcionarios, hay que decir que la policía de investigación contribuyó solamente con algunas de las piezas necesarias para la fabricación.
Ni Cassez ni Vallarta habrían podido ser detenidos sin una orden de presentación del Ministerio Público, tampoco habrían sido arraigados sin la instrucción de un juez, mucho menos habría prosperado la averiguación previa ni la consignación, sin la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) o los operadores del Poder Judicial de la Federación.
Colocar toda la responsabilidad únicamente en dos individuos, por más corruptos que hayan sido y por más abusos de poder que hayan cometido, no libera de su complicidad a otros agentes.
Sobresalen, entre ellos, el entonces subprocurador de la Siedo, el difunto José Luis Santiago Vasconcelos, el fiscal anti-secuestros de la época, Jorge Rosas García, así como los Ministerios Públicos Rodrigo Archundia Barrientos y Fermín Ubaldo Cruz.
Con tal de que los policías de la AFI pudieran producir el montaje en el rancho Las Chinitas, estos sujetos tuvieron que haber instruido a García Luna y luego debieron esconder las huellas de la presumible fabricación para convencer al juez de que arraigara a Cassez y Vallarta.
Estos nombres son clave porque resulta que, en muchos otros casos similares —en cuyo elenco se encuentran personas igualmente inocentes, pero que no han logrado atraer la atención del ojo público— operaron de manera similar.
Es decir que detuvieron a los presuntos responsables de haber cometido delitos de delincuencia organizada, para luego conducirles aunacasadeseguridaddondeseles torturóconelobjetodeobteneruna confesión, antes de tomarles formalmenteladeclaraciónenlaPGR.
Ocurre también que los familiares de los supuestos victimarios sean detenidos con el propósito de asegurar que los inculpados no se retracten de sus primeras declaraciones.
Hay casos de mujeres que vieron morir a su pareja, mientras los torturaban a ambos. Los hay también que incluyen a niñas y niños como víctimas de la extorsión ejercida para obtener testimonios acusatorios.
La complicidad en la fabricación de culpables no puede funcionar sin los jueces y en prácticamente todos los casos indigna la negligencia judicial para revisar los expedientes.
Poco suele importar a los juzgadores que los testimonios sean rematadamente contradictorios entre sí, que la evidencia no coincida con la hipótesis criminal, o que haya pruebas abundantes de descargo —exculpatorias—, las cuales, de considerarse, obligarían a dejar en libertad a las personas inculpadas.
Las prisiones mexicanas están pobladas por falsos culpables que han extraviado muchos años de su vida, no tanto por la pereza de los jueces para dictar una sentencia, sino porque no se atreven a pagar el costo político de liberar a una persona que la Seido ya juzgó como criminal y, muchas de las veces, que los medios condenaron de manera inapelable.
Esta es la razón por la que tantas personas se hayan recluidas, en prisión preventiva, durante 10, 15 y hasta 20 años.
Aquí surge el siguiente contingente de cómplices de la fabricación: las y los reporteros, articulistas, editores y dueños de medios que, con tal de vender una nota escandalosa, poco les importa que su contenido sea falso. Son las voces de siempre a quienes encanta el discurso que opone los derechos de las víctimas contra los derechos de los victimarios.
En una democracia no debieran ser los medios quienes definen quién es victimario, sino las instancias dedicadas a la procuración y la administración de justicia. Y, sin embargo, tal como hizo Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno del miércoles 7 de abril, estos colegas engolan la voz al afirmar, por ejemplo, que Israel Vallarta es un secuestrador —sin que haya sentencia firme en su contra— o que Florence Cassez fue su cómplice, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó porque la autoridad responsable de conducir el proceso corrompió las pruebas y los testimonios que de otra manera hubieran servido para juzgar.
A Gómez Leyva, como a tantos otros comunicadores, les tiene sin cuidado colocar las palabras “supuesto” o “presunto” antes de acusar a alguien de secuestrador o de asesino. Peor aún, roban el mazo del juez y sentencian con frivolidad —sin haber investigado los expedientes —, aunque con ello inhiban la acción de la justicia.
El último engranaje de esta maquinariainfernalestáconformado por voces que lograron notoriedad desde la sociedad civil porque los gobernantes en turno intercambiaron favores inmorales. Destaca en la lista Isabel Miranda Torres, la ciudadana más ilustre de las últimas administraciones, quien se prestó una y otra vez para legitimar la demagogia punitiva.
El récord de asuntos cuestionables en los que ella ha intervenido es difícil de superar: desde luego está su propio caso fabricado —el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda— y se suman, por mencionar solo algunos, los de Cassez-Vallarta, Martín del Campo, Fernando Martí, Nestora Salgado o Ayotzinapa.
Quienes se han prestado a este juego retiraron impunemente ventajas políticas y económicas inmorales.
El padrón de culpables fabricados por la Seido (antes Siedo) indigna tanto como sorprende: mujeres y hombres que han padecido lo indecible por el crimen organizado a partir de las instituciones del Estado mexicano, los medios y la sociedad civil.
Mujeres y hombres que han padecido lo indecible a partir de las instituciones, los medios y la sociedad civil