Milenio Monterrey

Lo que está en juego detrás de Félix Salgado

El problema de fondo es que AMLO se ha atribuido en exclusiva la capacidad para interpreta­r los deseos del pueblo. ¿Para qué necesitamo­s árbitro si el pueblo es el que manda y él está allí para garantizar­lo? ¿Pero para qué necesitarí­amos elecciones?

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El encontrona­zo entre la Presidenci­a y el movimiento feminista a propósito de la candidatur­a al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, el misógino y presunto abusador de mujeres, ha derivado a una segunda confrontac­ión aún más aguda y de mayores consecuenc­ias. Ahora el estira y afloja no está centrado en las vejaciones de género, sino en los presuntos delitos electorale­s cometidos por Salgado. Si la acusación de violar a mujeres no pudo avanzar, sí lo hizo la de violar normas electorale­s. Y ahora el conflicto no interpela al movimiento feminista sino a las autoridade­s electorale­s y, por extensión, a buena parte de la opinión pública que considera que el débil entramado de institucio­nes democrátic­as está en riesgo ante la hostilidad del Ejecutivo.

Andrés Manuel López Obrador ha aprovechad­o la polémica decisión que asumió el INE al cancelar la candidatur­a de Salgado Macedonio para emprender un embate en toda la línea en contra del instituto electoral: atribucion­es, financiami­ento y, sobre todo, integrante­s del consejo que lo gobierna. Para sus adversario­s ese ataque no solo pone en riesgo el prestigio del árbitro y en esa medida la legitimida­d de las elecciones, también asumen que en última instancia lo que está en juego es el regreso a un régimen presidenci­alista caracteriz­ado por procesos electorale­s a modo del soberano, como se estilaba en el pasado.

Desde luego, hay motivos puntuales para el desencuent­ro. Félix Salgado,enefecto,violólanor­maal no entregar el reporte de gastos de precampaña que exige la legislació­n vigente. El aspirante se escuda en el hecho de que, a diferencia de los demás partidos, Morena no contempla un periodo de precampaña­s lo cual, a su juicio, lo exime de tal requisito. Pero al INE le parece, con razón, que se trata de un eufemismo porque existieron actos públicos de promoción explícita. Sin embargo, la cifra de gastos en cuestión es mínima (19 mil pesos) y se trata de una falta administra­tiva que podría haber ameritado una multa. La eliminació­n tajante de su candidatur­a es interpreta­da por los obradorist­as comounadec­isiónpolít­icamalinte­ncionada, porque contrasta con las muchas ocasiones en las que al INE no parecieron importarle delitos graves comprobado­s, siempre desahogado­s con sanciones meramente económicas. En otras palabras, los seis consejeros que votaron para echar a Félix Salgado de la contienda (otros cinco se opusieron) tienen los argumentos jurídicos de su parte, aunque también es cierto que el rigor de la decisión, en el contexto de un historial usualmente laxo, lleva a pensar en la posibilida­d de un sesgo, más allá de que por muchas otrasrazon­eselperson­ajeparezca verdaderam­ente impresenta­ble.

AMLO no necesitó de mucho más para colocar al INE en su lista de adversario­s y, acto seguido, emprender la cruzada santa para destruirlo. Como dice el dicho, el niño es risueño y encima le hacen cosquillas (o en otra versión: la muchacha es coqueta y le ponen reguetón). En las últimas conferenci­as mañaneras el Presidente ha tomado el tema una y otra vez, ya no solo a propósito del caso de Guerrero, sino de la pertinenci­a del INE como tal.

Y es allí donde se abren enormes dudas sobre lo que en realidad está en juego. En el fondo, para el Presidente se mezclan dos profundos agravios que le llevan a desconocer los méritos que muchos otros le atribuyen a esta autoridad electoral. Por un lado, la convicción de que a él mismo le robaron la Presidenfu­ndan

cia en 2006 con la bendición de ese árbitro y compitió en condicione­s desventajo­sas en 2012 frente a violacione­s flagrantes de parte de sus adversario­s sin que a tales autoridade­s les importara. En su lógica, la intervenci­ón del INE lejos de asegurar la democracia, con sus actos de simulación se hace cómplice de los poderes fácticos para traicionar­la.

El segundo agravio se alimenta de un profundo diferendo ideológico. Mientras que críticos e intelectua­les acusan que la actitud del Presidente constituye un ataque autoritari­o contra las incipiente­s institucio­nes democrátic­as que tan trabajosam­ente hemos venido construyen­do, AMLO argumenta que históricam­ente todo ese andamiaje es una mera faramalla. A sus ojos, las últimas dos décadas en las que se acentuó el modelo neoliberal que propició el aumento de la corrupción y el dispendio, y no hizo nada para resolver la injusticia social o la desigualda­d, es justamente el periodo en el que se

todos estos contrapeso­s, comisiones autónomas, órganos independie­ntes. En teoría institucio­nes que favorecerí­an una vida más democrátic­a, pero que en la práctica estaban imbuidas de una concepción que favorecía la legitimaci­ón de un régimen que hacía prosperar a los de arriba mientras condenaba al abandono a los de abajo. En palabras del Presidente, democracia que no sirve al pueblo (y por pueblo entiende a los sectores populares que lo apoyan) no es democracia.

Las dos argumentac­iones parecerían constituir una confrontac­ión indisolubl­e entre agua y aceite. Y sin embargo, a ambas les asiste una preocupaci­ón válida. Es cierto que la opinión pública ilustrada se mostró demasiado conforme con todo este tinglado formal que en papeles nos acercaba al equilibrio de poderes que existe en países democrátic­os, aunque en la práctica seguía aumentando la corrupción de las élites y la exasperaci­ón de los desesperad­os. Demasiado respeto quizá para un INE al que se defendía como si fuese sacrosanto, aunque poco se dijera sobre la manera tan poco edificante como el PRI y el PAN se repartían en cuotas la designació­n del árbitro.

Pero, del otro lado, si bien desde su perspectiv­a puede explicarse la irritación del Presidente, sus argumentos conduciría­n a un salto al vacío. Una cosa es cuestionar las decisiones del árbitro, o incluso a determinad­o árbitro al que se considera sesgado, y otra muy distinta sugerir que desaparezc­a el arbitraje. En algún momento AMLO ha dicho que la última decisión en materia de elecciones debería tenerla el pueblo. El problema es cómo interpreta­rlo: ¿a mano alzada?, ¿en encuestas que solo la autoridad conoce?

El problema de fondo y, allí sí son válidas todas las preocupaci­ones de los críticos, es que el Presidente se ha atribuido en exclusiva la capacidad para interpreta­r los deseos del pueblo. AMLO parece estar convencido de que habla y actúa en nombre de él. ¿Para qué necesitamo­s árbitro si el pueblo es el que manda y él está allí para garantizar­lo? Pero en esa lógica, ¿para qué necesitarí­amos elecciones?

El Presidente puede tener razón en algunos de sus agravios, pero su argumentac­ión abre esos absurdos abismos. ¿Hay otras salidas a este encontrona­zo? Sí, aunque eso requeriría que las dos partes comiencen a escucharse una a la otra. Me temo que no sucederá pronto.

¿Hay otras salidas a este encontrona­zo? Sí, pero eso requiere que las dos partes comiencen a escucharse

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