La invisibilidad del más grave problema
Provoca risa el dicho de que con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la que se instituye que el presidente de la SCJN continué en su cargo dos años más, el PJF pierde su independencia, ya que dicha disposición es a todas luces inconstitucional.
¡Por Dios, no se puede perder lo que no se tiene! ¿Alguien me podría decir cuándo ha sido independiente el Poder Judicial?
Es verdad que en la doctrina se dice que el Estado garantiza a los justiciables la autonomía del Poder Judicial y la independencia e imparcialidad de los jueces por medio de normas de contenido constitucional que, pomposamente, reciben el nombre de garantías judiciales; pero estas son meras abstracciones que jamás han bajado a la realidad, por tanto no garantizan nada.
Y cómo podrían garantizar tal cosa si, por ejemplo, para llegar a ser juzgador el núcleo central del modelo constitucional de acceso a la judicatura (Artículo 95 constitucional) solo pide, desde la Constitución de 1824, la posesión de un título de licenciado en Derecho, sin importar la formación teórica y práctica en la función de juzgar.
En este punto hay avances en reforma judicial. Lo bueno consiste en que el acceso a la judicatura no se iniciará como meritorio, para después, ya estando en el PJF haciendo méritos, se inicia el acenso en la mal llamada carrera judicial, que no es sino un sistema escalafonario, hasta que se logra ser juez.
La universidad no forma jueces, la función jurisdiccional se aprende en la práctica ateórica y endogámica (caminando y meando, se suele decir), en un ambiente de corrupción y a la luz de la cultura del “machote”.
Preocupa que los especialistas en la ciencia de Ulpiano no solo miren el riesgo de que el PJF pierda su independencia, sino también que perdamos la independencia de México, ya que el tirano de Palacio Nacional podría por medio de un artículo transitorio prolongar su mandato. Triste situación, ante la grave crisis de la justicia que enfrentamos, los juristas ya no quieren hacer ciencia jurídica, ahora solo les interesa hacer política jurídica.