Cimbra Tribunal a Morena: ni Félix ni Morón ni una mayoría artificial
Los magistrados niegan registros para Guerrero y Michoacán; extienden plazos para que Morena los reemplace
De manera definitiva e irrevocable, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró el derecho de ser candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado y a Raúl Morón, respectivamente, tras ratificarse que actuaron de manera dolosa al tomar una actitud de resistencia para informar sus gastos de precampaña e intentaron engañar a la autoridad con mentiras y contradicciones.
Tras la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral, Salgado aseguró que la última palabra la dice el pueblo y convocó a una movilización en Chilpancingo hoy al medio día.
“La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, sentenció.
En su cuenta de Facebook, Salgado informó que estará en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo a las 12 horas del día. “Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente”, agregó.
El magistrado presidente, José Luis Vargas, fue el único que se aferró a la defensa de la candidatura de Salgado, pese a las evidencias de las violaciones en materia de fiscalización que acreditó, no solo el Instituto Nacional Electoral, sino la propia sala superior que él mismo preside.
Vargas señaló que el deber de las y los magistrados es emitir sentencias basadas en hechos y derechos, y dejar de lado “cualquier aspecto o cuestiones ajenas de tipo político”.
Volvió a acusar al INE de emitir decisiones sin mayor análisis jurídico y de violar la garantía de audiencia de los implicados, a pesar de que la sentencia del pasado 19 de abril indica lo contrario.
“El INE no valoró adecuadamente las circunstancias fácticas al momento de revalorar la sanción. Se debieron considerar circunstancias subjetivas, como que los quejosos no estaban en el conocimiento de que estaban obligados a presentar informes y no por un intento de engañar a las autoridades”.
La magistrada Mónica Soto sostuvo que en el caso de Salgado quedó acreditado que “él sabía que su omisión era ilegal y que impedía tener la certeza de los ingresos y gastos del precandidato, lo que afecta la equidad”.
El resto de los integrantes de la sala superior coincidieron en que ambos precandidatos merecían la máxima sanción, pues aunque en sus alegatos intentaron culpar a Morena de no haber remitido al INE sus informes de fiscalización, esto solo evidenció la serie de contradicciones en que cayeron en los últimos meses y que fueron acreditadas por el INE.
“Está plenamente justificada la sanción, pues los implicados siempre se negaron y no colaboraron, incluso se beneficiaron de esa actitud omisiva, pues celebraron actos multitudinarios, uno de los sancionados publicó actos proselitistas a lo largo de todo el estado en todo el periodo de precampañas; otro envió un banner con un impacto de más de un millón de personas y nunca rindieron información sobre esto. Los casos son sustancialmente idénticos y, por tanto, debemos darles las mismas consecuencias.
“Si con tus actos afectas e impides la rendición de cuentas, la sanción debe ser severa. Y si queremos que la fiscalización funcione, no podemos permitir que los actores políticos obstruyan las labores del INE, pues estaríamos generando un incentivo que en nada abona a la democracia y a nuestras conciencias”, sentenció el magistrado Felipe de la Mata.
Los magistrados también dejaron en claro que los alegatos de Salgado en la audiencia que se celebró el pasado lunes por la mañana, dejó sustento de que “desplegó una actitud dolosa, primero al sostener que no era precandidato y negarse a informar, y después al culpar al partido cuando la autoridad fiscalizadora le dio al menos tres oportunidades para enmendar las omisiones y no lo hizo.
La magistrada Janine Otálora reiteró sus posturas de la sesión del pasado 9 de abril, donde dejó en claro que si bien en el debate público se habla mucho del derecho a ser votado, nunca se habla de la omisión ilegal a la fiscalización, por lo que ese derecho tiene sus límites en la intención de ser opaco en la rendición de cuentas.
“Es deber de las y los juzgadores mantener nuestra independencia, nuestra autonomía y nuestras resoluciones apegadas a derecho, porque es justamente el derecho el que debe regir a la política y no la política prevalecer sobre el derecho”, agregó.
El proyecto con el que se aprobó mantener la cancelación del registro de la candidatura de Salgado para la candidatura de Guerrero fue aprobado con seis votos a favor y el del magistrado presidente Vargas Valdez en contra, y se le dio a Morena 48 horas para que presente un sustituto ante la autoridad local.
Mientras que el de Morón que pretendía regresarle la candidatura fue rechazado por cinco votos, con lo que se confirmó la decisión del INE y en los mismos términos que lo ordenó el Consejo General, Morena tiene en este caso cinco días para registrar a un candidato, ya que en esa entidad la autoridad electoral local nunca registró la candidatura de Morón.
Sobrerrepresentación
Tras el fallo en contra, el senador con licencia convocó a un mitin para hoy
El Tribunal Electoral avaló por unanimidad de votos respaldar los candados que el Instituto Nacional Electoral aprobó para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y garantizar que las diputaciones plurinominales se repartan basándose en la militancia efectiva de cada candidatura, para que así, los espacios correspondan a los votos que la ciudadanía le dio a cada partido.
El proyecto deja de lado los alegatos de Morena, PES y PAN y aclara que el INE no rebasó ningún límite, no excedió facultades.
Detalló que el acuerdo busca “asignar diputaciones sustentándose en la relación efectiva que exista entre un candidato y un partido político, para ello el INE determinó que tendría por partido triunfante aquel al que perteneciera el candidato dada su militancia”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que la idea de estos candados es “evitar que las coaliciones se conviertan en un mecanismo de defraudación a la Constitución”.