La imposición de peajes, primer envite en el Gobierno tras el 4-M
El sector de Unidas Podemos rechaza la medida contemplada en el Plan de Recuperación
La confección del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia llevó meses de negociación en el seno del Gobierno. Debates, negociaciones y discusiones. Haber enviado el texto definitivo a Bruselas no apaga esas llamas. La pretensión de implantar el peaje en todas las carreteras del Estado a partir de 2024 genera ya fricción y discrepancia entre los socios de Gobierno y está siendo objeto de debate. Unidas Podemos no comparte la medida que avala el sector económico del PSOE.
Según ha podido saber este diario, la implantación de peajes en la red viaria es algo que se está hablando internamente en el seno del Ejecutivo, tras conocerse públicamente que la medida está recogida en el Plan.
La propuesta del Gobierno enviada a la Comisión Europea planea implantar el pago por uso en todas las carreteras del Estado, ya sean autovías, vías rápidas o convencionales, a partir de 2024 y de forma gradual en tres años. Ante la polémica y las críticas suscitadas, desde el Gobierno se trata de apagar el incendio alegando que es una medida para cuando «hayamos salido de la crisis». Desde el Ministerio de Transportes, se apuntó que la tarifa barajada podría ser un céntimo por kilómetro.
La medida supone un nuevo frente entre las ministras económicas, como Nadia Calviño (Asuntos Económicos) y María Jesús Montero (Hacienda), y el sector morado del Gobierno. Con la salvedad de que ahora quien comanda Unidas Podemos en el Ejecutivo es Yolanda Díaz, tras relevar a Pablo Iglesias en el liderazgo del partido en la coalición.
Y aunque la posición es discrepante, Díaz sigue la línea que siempre ha mantenido de tratar de debatir y negociar el asunto en el seno de la coalición antes que hacer pública la diferencia o presionar mediáticamente. Así, en estos momentos hay conversaciones entre los socios, que se intentan llevar de manera discreta –algo que agradece el sector socialista–. Fuentes gubernamentales admiten que es un asunto complejo, no de blanco o negro, sino con matices.
El planteamiento y la estrategia de moderación que abandera Díaz como referente de Unidas Podemos en el Gobierno, hace que sea Podemos, como partido, quien asuma el rol de alzar la voz y abanderar ese malestar y, eso sí, anticipe que el desencuentro es claro y no apoyan la medida, pese a estar incluida en el plan.
«Apostamos por la fiscalidad verde pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo», explican desde la formación morada. La medida supone un torpedo en la línea de flotación de Podemos, que sin ir más lejos en la campaña del 4-M reivindicó una fiscalidad donde los que más tienen paguen más y los peajes suponen un impuesto expansivo. Los socialistas de Andalucía, Aragón o Asturias muestran su rechazo a la medida
«Que paguen los que más tienen. Menos peajes. Más impuestos a las grandes fortunas y empresas», proclaman desde Podemos. Una posición que también supone una presión para la propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, por la dureza y contundencia de Podemos en esta materia, toda vez que es la que debe asumir el liderazgo de la negociación y, en última instancia y si no hay acercamientos, tratarlo directamente con Pedro Sánchez.
«Nuestra propuesta impositiva es bien conocida: reforma fiscal para que paguen más los que más tienen. La propuesta de los peajes no cumple estos criterios», fue el aviso lanzado por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Los morados hablan de propuesta «inaceptable y discriminatoria».
Fuentes gubernamentales admiten que la medida requiere de un debate y que es preciso un acuerdo político, económico y social para que se pueda implementar, pues sin él consideran que no sería factible. Este viernes, la ministra de Hacienda no reculó sobre la medida pero tildó de «prematura» la cuestión pues es a 3 años vista, y que es algo vinculado a los más de 10.000 millones de los fondos europeos que tendrán que destinarse para mejorar el transporte urbano, metropolitano y de cercanías.
El secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, defendió la medida en la línea expresada por el director general de Tráfico de que «quien lo usa, lo paga». Sostuvo Saura que con los impuestos se sufraga la construcción de la infraestructura, pero que el peaje sirve para costear su mantenimiento. Eso sí, ante la presión social, política y del sector del transporte, se abrió a debatir las compensaciones por el pago.
La imposición de peajes no sólo divide al Gobierno, también al PSOE. Desde comunidades como Andalucía, Aragón o Asturias han mostrado su rechazo. Susana Díaz, hasta ahora líder de los socialistas andaluces, inmersa ya en la pugna contra la dirección nacional por las primarias, rompió la tregua que mantenía con el Ejecutivo de Sánchez. «No estoy de acuerdo con estos impuestos que se cargan sobre los trabajadores y la gente. No es el momento».
La portavoz del ejecutivo asturiano (PSOE), Melania Álvarez, objetó que «el peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como Asturias», añadiendo que la red de carreteras nacionales en esta región es «muy limitada» y que ya se paga un alto precio por pasar hacia la Meseta. También rechazó la medida el PSOE de Aragón. El portavoz parlamentario, Vicente Guillén, expuso que Aragón «no necesita en estos momentos una tasa por el uso de infraestructuras, sino que se finalicen las pendientes».
Ayer, el PSOE de Zamora y el de Salamanca apoyaron sendas mociones de PP y Cs contra los peajes.