No se trata de descalificar olímpicamente la estrategia, pero sí de entender que aún es insuficiente

Estamos tan ocupados echándonos culpas sobre la inseguridad pública para sacar ventaja política, que boicoteamos toda posibilidad de actuar como sociedad frente al enorme desafío que representa en México el crimen organizado. La oposición ridiculiza o cuestiona toda iniciativa del gobierno al margen de sus argumentos o sus resultados; Andrés Manuel López Obrador, por su parte, considera que toda preocupación o alarma frente a la violencia tiene propósitos perversos y constituye un ataque personal. El Presidente se defiende todos los días atribuyendo las culpas al neoliberalismo en general y al calderonismo en particular. Por su parte, sus adversarios y la llamada comentocracia explican la situación a partir de los errores del gobierno de la 4T y, sobre todo, de la estrategia de López Obrador a medio camino entre el pacifismo de su consigna abrazos no balazos y la “militarización” de la seguridad pública.

Habría que hacer un esfuerzo por despolitizar el tema por un momento y concentrarnos más en la exploración de soluciones y menos en el reparto de facturas políticas. El problema de la inseguridad pública, después de todo, es transexenal y si bien la iniciativa corresponde al Ejecutivo federal en turno, la penetración del crimen organizado es tal que cualquier solución tendría que involucrar a los poderes públicos (locales y federales, Legislativo y Judicial), pero también la de actores fundamentales de la sociedad mexicana como son empresarios, circuitos financieros, medios de comunicación, agentes culturales y educativos, líderes de opinión. Mal que bien, durante la pandemia por el covid todos estos ámbitos terminaron haciendo su parte; algo similar tendríamos que intentar con respecto a esta otra pandemia de violencia que victimiza a tantos mexicanos. Fácil no es, desde luego, pero ningún avance real será posible mientras nos dediquemos a destruir toda propuesta, y toda observación o crítica a esa propuesta, con epítetos y descalifición caciones originadas en la mutua animadversión política. En ese sentido, habría que considerar desde otra perspectiva al menos los siguientes puntos.

Datos sin adjetivos

El gobierno asegura que la inseguridad se está reduciendo; sus críticos afirman todo lo contrario. Si no nos podemos poner de acuerdo sobre algo a lo que se le puede poner números, no hay posibilidad de un mínimo de diálogo. Las cifras del Inegi (que como el INE, es autónomo del Ejecutivo) tendrían que ser un punto de partida. Las gráficas revelan que, en efecto, prácticamente todos los delitos acusan una disminu(extorsión, robo de vehículos, secuestros, etc.). No es tan claro en el caso de asesinatos, salvo en el último año. Sin embargo, los números revelan que, a lo largo del sexenio, y por primera vez desde el gobierno de Ernesto Zedillo, los homicidios dejaron de crecer. Es decir, al menos se contuvo la inercia o la bola de nieve que parecía imparable.

Eso significa que es inexacta la afirmación de que la “militarización” no ha hecho más que empeorar la situación. Con todo, hay dos objeciones legítimas frente a los resultados. Primero, si bien la inercia se detuvo, se quedó en una meseta muy alta: 36 mil asesinatos en 2021, con apenas una reducción de 3.6% con respecto al año anterior, lo cual supondría, a ese ritmo, muchos años más de una cuota de sangre inadmisible para una sociedad moderna. Segundo, aunque quizá cuantitativamente existe una pequeña mejoría, hay evidencias de que en términos cualitativos algunas cosas podrían haber empeorado. El peso de los cárteles en las elecciones, los retenes clandestinos a los que incluso la comitiva presidencial se ha sometido, la invasión y control durante horas de poblaciones medianas por parte de pequeños ejércitos de sicarios, el asesinato al azar de ciudadanos en Ciudad Juárez (un hecho calificado de inédito por AMLO), la extensión de la intervención criminal a muchas actividades productivas y comerciales. En suma, el control creciente del narco sobre la vida económica, política y social de amplios territorios. No se trata de descalificar olímpicamente la estrategia seguida, porque allí están los resultados, pero sí de entender que aún es insuficiente y/o mejorable.

De qué militarización hablamos

Instalarse en el debate de las bondades de una solución civil contra la solución militar de AMLO es muy cómodo para críticos que no tienen la responsabilidad de afrontar el problema. De entrada, habría que asumir el hecho de que los gobiernos mexicanos han recurrido a los militares para combatir al narco desde la Operación Cóndor en 1975 en las sierras de

Sinaloa, Durango y Chihuahua, y desde entonces no han hecho más que incrementarlo. Con Calderón y luego con Peña Nieto adquirió otra escala y, aunque con eufemismos, se extendió a muchas tareas de seguridad pública y francamente policiacas. La propuesta de López Obrador de enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es debatible, pero constituye una forma de regularizar lo que de manera arbitraria se ha venido haciendo frente a una durísima realidad: la fuerza de los cárteles supera por mucho la capacidad de fuego y desempeño de las policías locales y federales. El tema es cómo aprovechar cientos de miles de soldados frente a un problema que desborda a la sociedad mexicana. El debate tendría que establecerse en esos términos, e insisto no necesariamente la solución que propone el gobierno es la mejor. Pero descalificarla como si AMLO hubiera inventado este recurso o pretender que hay una solución a través del saneamiento de policías, en lo que hemos fracasado durante sexenios, es irresponsable frente a los millones de mexicanos víctimas de la violencia que no pueden seguir esperando.

Otras soluciones

Quizá una forma de militarización es inevitable y conviene establecer límites y alcances, pero eso no hace excluyentes otras iniciativas que habría que analizar y, dado el caso, profundizar. Lo que ha hecho la Ciudad de México con sus policías y los resultados obtenidos pueden no ser una solución para todo el territorio, pero podría ser un referente para otras grandes ciudades del país. Tampoco tenemos datos puntuales para saber si realmente los programas de empleo del gobierno, allá donde han sido más intensivos, han reducido el reclutamiento de criminales por parte del narco. Valdría la pena tener más elementos, antes de aplaudir o lapidar esta estrategia.

En suma, habría que comenzar a explorar sobre premisas más sanas puntos de encuentro mínimo frente al verdadero enemigo, que es el crimen organizado y su violencia, pero eso implica resistir la tentación, gobierno y oposición, de utilizar todo pretexto para enlodarse unos a otros.