El insoportable caso de los jueces de consigna

Iván Aarón Zeferín Hernández es de esos jueces que en la jerga de su medio son llamados “de consigna”. Se trata de individuos que dan la espalda a la imparcialidad exigida por su cargo para hacer y deshacer al ritmo dictado por agentes externos al Poder Judicial.

Este juzgador es un alfil de la Fiscalía General de la República adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez; por ello, cada vez que

Alejandro Gertz le solicita “un favor”, Zeferín Hernández obedece como si se tratara de una orden.

En la lista de temas acordados en lo oscurito por estos dos personajes están los de la Fundación Merry Street Jenkins, los expedientes de Rosario Robles y Emilio Zebadúa, el caso de Billy Álvarez y Cruz Azul y, destacadamente, las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su primera sala, determinó anular la orden de aprehensión girada por este juez en mayo pasado en contra del ex mandatario tamaulipeco. Todavía más importante fue el señalamiento sobre la ilegalidad en que incurrió la Cámara de Diputados al pretender desaforar a este funcionario local.

Ahora el parlamento debe rendir cuentas por esta ilegalidad, pero sobre todo deben hacerlo quienes plantaron el huevo de la serpiente dentro de San

Lázaro, es decir, el fiscal Gertz que lo fabricó y el juez Zeferín Hernández, su más notorio cómplice.

Toca también al Consejo de la Judicatura no hacerse de la vista gorda respecto de estos hechos y revisar el proceder del juzgador, no solo por su insolvencia jurídica y moral, sino también porque él representa a las decenas, quizá centenas, de jueces de consigna que le hacen el trabajo sucio a la política, pasando por encima de la Constitución.

Todo en el caso García Cabeza de Vaca pintó desde el primer día como una estrategia electoral, similar a la que han sufrido otros políticos de la oposición incluido el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.

Zoom: sin distracciones debe perseguirse con la mayor contundencia posible el daño que le hace tanto a la procuración como a la impartición de justicia la corrupta relación que establecen los jueces de consigna con sus verdaderos amos.

RETALES

1. PLAZO. En diciembre de 2018, el Presidente propuso al Senado que Gerardo Esquivel terminara la gestión de Roberto del Cueto, a su renuncia por motivos de salud, como vicegobernador del Banco de México. El plazo termina el 31 de diciembre y la comunidad financiera le pide que proponga al mismo Esquivel para el periodo de ocho. Esquivel es un economista excepcional, académico reconocido y factor de seriedad y estabilidad;

2. PLAN. La doctora Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, me dijo ayer que más que un nuevo plan de estudios, la SEP debería ver cómo recuperar el millón 300 mil alumnos que no volvieron a la escuela tras la pandemia. Y que su presentación, el martes, más que un debate didáctico y pedagógico, fue un acto de propaganda política; y

3. HELICÓPTERO. Hace más de tres semanas desapareció un helicóptero de las instalaciones del AICM, y su dirección se deslindó diciendo que la seguridad en la zona de los hangares es de guardias privadas que pagan quienes los rentan, que, como le dije, es una falla en una instalación estratégica y de seguridad nacional. El caso se fue por el secuestro del dueño del autogiro. Eso, en un Estado de derecho donde puede desaparecer un helicóptero y su piloto, y pase al olvido.

Nos vemos mañana, pero en privado

Toca al Consejo de la Judicatura no hacerse de la vista gorda