No hay pueblo sano con gobernante enfermo
Si de los servicios de salud pública depende el bienestar y la vida de millones de gobernados, principalmente de quienes no cuentan con recursos para ser atendidos por médicos y hospitales privados, es inconcusa la obligación del Estado de dar verdadera prioridad a estos servicios. No hacerlo, como sucede, conlleva responsabilidades penales y administrativas.
El actual gobierno, en vez de atender esa obligación, ha dilapidado recursos públicos y demolió al eficaz Seguro Popular construido años atrás. En efecto, lo desapareció alegando corrupción; nunca probó esa acusación, ni ha llevado a nadie ante la justicia. Lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya denominación ya implica cierta imbecilidad, pues se le agrega como fin “el Bienestar”. Si es para la salud, ni modo de suponerlo concebido para el malestar.
Como si las marchas y demás reclamos de los dolientes, desgañitándose por la falta de medicinas, no fueran suficientes para constatar el fracaso total del actual gobierno en tan importante asignatura, observamos una narrativa oficialista contradictoria, repetida ad nauseam durante los primeros cuatro años: simultáneamente nos han venido diciendo “sí hay medicinas”, “no hay medicinas pero ya las vamos a comprar”, “sí hay medicinas, lo que está fallando es el sistema nacional de distribución”.
¿Qué ha sucedido realmente en los primeros cuatro años de esta administración en materia de salud?
1) La falta de medicamentos, y el correspondiente reclamo de hombres, mujeres y niños, atormentados por verse totalmente indefensos ante su dolor y la llegada prematura de su muerte.
2) La cancelación criminal del Seguro Popular, alegando, sin probar ni perseguir, una supuesta corrupción; dejando abandonados a su suerte y en su desgracia a 60 millones de mexicanos.
3) La eliminación arbitraria del sistema nacional de suministro de medicinas, alegando, sin probar ni perseguir, lo mismo: la corrupción.
4) La creación del Insabi, bodrio y evidencia de algunas marcas de la casa: lo inservible y la estupidez.
Acaba de declarar su director, el antropólogo Juan Ferrer: “medicinas sí hay, el problema es su distribución”. ¡Valiente excusa de estos sinvergüenzas, en el cuarto año, luego de destruir un sistema indispensable para 60 millones de mexicanos!
Los resultados dados por estos filibusteros tocan ruidosamente las puertas del Derecho Penal, donde se tipifican los distintos delitos de homicidio. El ejemplo perfecto es el grandísimo inepto y bribón de Lopéz- Gatell, quien pronosticó entre 6 y 8 mil muertes por covid, y calificó como “una tragedia nacional si llegáramos a 60 mil defunciones” ¡Y ya van más de 600 mil!
Evitemos, con nuestro voto, otro sexenio saturado de infamias. Nunca más un gobernante inepto, dilapidador, mentiroso y corrupto.