«Han perdido la plaza por tontos»
El Gobierno constata que el puesto del magistrado Montoya va a quedar vacante y reta al PP a volver al «consenso». Génova ve la negociación en «vía muerta»
“Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero” Miguel de Cervantes El Constitucional quedaría con siete progresistas y cuatro conservadores
En el día 1.372 d. C. (después de caducar), el CGPJ aparece un poco más bloqueado de lo habitual. Si cabe. La pequeña espita que se mantenía entreabierta para el acuerdo entre el PP y el PSOE se ha cerrado casi por completo tras el fracaso de la operación Lesmes. No tanto porque su hipotético nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional (TC) fuera la llave maestra para desatascarlo todo, sino porque la propia operación ha revelado que el pacto no es viable hoy por hoy. Desde luego, no antes de que se consolide una mayoría progresista en el Alto Tribunal. Y después, difícilmente... Para el Gobierno, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, aparecía como un perfil de garantías y de «consenso» para sustituir al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Alfredo Montoya, que renunció al cargo en julio por motivos de salud, meses después de sufrir un ictus. Pero Lesmes rechazó ayer cualquier aspiración al cargo, tras revelar este diario las presiones que sufría para que el CGPJ designase ya dos magistrados del TC («si el Consejo no nombra, Lesmes que se olvide de la plaza de Montoya en el Constitucional»). Mientras el PP reclama esa plaza porque le corresponde por cuota, fuentes del Gobierno aseguran a este diario que ya no le toca a Alberto Núñez
Feijóo decidir quién la ocupa: «Han perdido la plaza por tontos».
O sea, por ahora ese puesto quedará vacante. Sine die. No en vano, Montoya fue elegido por el Senado a propuesta del PP, y hace falta una mayoría de tres quintos para designar a su sucesor. Sin un pacto de
populares y socialistas, esta codiciada plaza del Constitucional seguirá bloqueada. Y eso es algo que perjudica al PP, ya que la correlación de fuerzas quedará muy descompensada. Si se renuevan finalmente las plazas que tocan, habría siete magistrados progresistas, cuatro conservadores y una silla vacía. De manera que la hegemonía del primer grupo no se rompería ni siquiera en los casos en que uno de sus magistrados votara en un sentido contrario a los suyos. Cosa que ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa, ya que los bloques no son monolíticos y en los temas más espinosos que llegan al tribunal suele haber trasvases.
La sustitución de Montoya por parte del PP se incluía en el acuerdo que firmaron el ministro de Presidencia Félix Bolaños y Teodoro García Egea el pasado mes de noviembre. La nueva dirección del PP no se siente obligada por lo firmado en secreto por sus antecesores y reclama «comenzar de cero» y con transparencia. Así que en el Gobierno creen que lo pactado con el equipo de Pablo Casado no se aplica y que el PP ha perdido su oportunidad de cubrir la vacante antes del resto de nombramientos, según fuentes socialistas. En Génova también creen que el puesto quedará vacío, pero culpan al Ejecutivo de romper los cauces por su intento de «asalto» al tribunal.
El Gobierno ya no se siente obligado a cederle sin más al PP la elección del magistrado, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que Bolaños hablará con Esteban González Pons, vicesecretario general del PP encargado de los temas de Justicia, «más adelante», cuando se «calmen las aguas». O sea, como mínimo, después de que se consumen los cambios en el TC. Y si Feijóo vuelve al «consenso», se explorará la sustitución de Montoya. Pero en La Moncloa insisten en que ellos no abogarán por «nombramientos de militantes como Pérez de los Cobos» ni juristas «como Enrique López».
En Génova, por su parte ven la renovación del CGPJ en «vía muerta». Hoy por hoy. La dirección nacional del PP asegura que estarían dispuestos a un «pacto global» por la Justicia si el Gobierno renuncia a su plan para renovar el TC con un atajo. Si Pedro Sánchez cediese a ese gesto, el PP elevaría el tiro intentado cerrar un acuerdo en el que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no fuera un escollo definitivo, como en los últimos tres años. Los populares ya no exigen que el PSOE se comprometa a priori a modificar la norma para cambiar el sistema de elección de los vocales, para que los jueces se elijan entre ellos. En su lugar, le pasarían la patata caliente a los nuevos miembros del CGPJ, para que en el plazo de seis meses hicieran una propuesta de reforma.
Pero «la única obsesión de Sánchez es el Constitucional, nada más. Ellos sólo quieren controlar el TC para las sentencias que quedan pendientes», ahondan en la dirección nacional del PP.