El PP confía en que Europa obligue al Gobierno a pactar el CGPJ y el TC
La Comisión Europea siguió con extrema atención el discurso de Lesmes y ahora Génova espera que un toque de Bruselas mueva al PSOE
Tras unos intensos días en clave judicial, la semana arranca sin contactos entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), además de con el plazo que impuso el Ejecutivo para que los vocales del órgano de gobierno de los jueces nombrasen a sus dos magistrados de la corte de garantías ignorado. No hay Pleno convocado a la vista y mañana expiraba el ultimátum dado por el Ejecutivo al Poder Judicial para designar a los nuevos miembros del intérprete supremo de la Constitución. Hasta el momento, no se han producido avances en la negociación entre los sectores conservador y progresista del Consejo, más allá de haberse trazado las reglas del juego para «en días o semanas» alcanzar un «consenso» con los nombramientos.
Con este escenario, el PP cree que o Europa interviene o el Gobierno de Pedro Sánchez no se sentará ahora a negociar un pacto sobre el órgano de gobierno de los jueces y el TC. En Génova sorprendió la respuesta dada por el ministro de la Presidencia, Félix
Bolaños, a su oferta de alcanzar un acuerdo global en materia de Justicia tras el golpe de autoridad dado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien en la Apertura del Año Judicial instó, en público y de forma directa, al presidente Pedro Sánchez y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a reunirse de forma urgente para desbloquear un CGPJ que en diciembre hará cuatro años con el mandato caducado.
Por su parte, en Moncloa consideran que el PP está haciendo un «teatro» pero que, en realidad, no tiene intención de negociar los órganos constitucionales puesto que si quisieran hacerlo habrían llamado para reunirse y pactarlos en una tarde en vez de enviar una carta llena de «excusas y condiciones».
Y con este clima de desconfianza que en los últimos meses –incluso años– ha reinado entre los dos principales partidos del país, se presume difícil que de forma inminente se produzca el desbloqueo del CGPJ y el TC.
De ahí que los populares hayan puesto la mirada en la Unión Europea como un actor que puede de forma indirecta forzar al Gobierno a sentarse a negociar la renovación de las citadas instituciones. El PP ha remitido una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, donde les solicitan una entrevista para incidir en la situación actual de bloqueo y su disposición a negociar. En Génova ponen en valor que Europa ha instado a nuestro país en distintas ocasiones a llevar a cabo una reforma legal para que los jueces sean elegidos por «sus pares».
Además, según ha podido saber EL MUNDO, en la Comisión Europea se ha estado siguiendo con extrema atención e interés todos los acontecimientos judiciales que tuvieron lugar la semana pasada en nuestro país. El discurso histórico del presidente Lesmes no ha pasado inadvertido en las altas instituciones comunitarias. No en vano, el presidente hizo una reclamación inédita el pasado miércoles en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo: no sólo pidió a los principales partidos políticos que renueven ya el CGPJ sino que, además, admitió que el modelo actual de elección del órgano de gobierno de los jueces «se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales». «La reforma (del modelo) es por tanto ineludible», reconoció por primera vez el magistrado ante el Rey Felipe VI y la alta magistratura.
Por otro lado, fuentes jurídicas consideran probable que en los próximos días se produzcan los primeros contactos en el CGPJ para nombrar a los magistrados del tribunal de garantías. Los vocales nombrados a propuesta del PP prevén comunicar hoy a sus compañeros del otro grupo quiénes serán los interlocutores encargados alcanzar un pacto para elegir a los dos magistrados del Alto Tribunal. Por su parte, el grupo progresista del Consejo acordó designar la semana pasada a los vocales Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Roser Bach como portavoces de su sector.
Asimismo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que no se sienten «concernidos» por el plazo dado por Moncloa y advierten de que la reforma legal impulsada por el Gobierno para nombrar a los magistrados del TC antes del día 13 contiene un «error técnico». Aseguran que al haberse llevado a cabo una vez que se había iniciado el procedimiento para designar a un tercio del Constitucional, sin haber introducido una disposición transitoria en la Ley, la misma no es aplicable a la actual renovación del TC.
El artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que «antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados, que inicien el procedimiento para ello». Ese trámite fue llevado a cabo por el presidente del tribunal de garantías a través de una carta, cuatro meses antes de que expirase el mandato de cuatro magistrados del órgano el 12 de junio. Esta idea fue explicada en el Pleno por el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea, y en la misma incidió el vocal José
Antonio Ballestero. Finalmente, los vocales de distintas sensibilidades optaron por alcanzar un acuerdo sin tener en cuenta el plazo dado por el Gobierno.
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