La justicia desaparecida
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa evidenció un perverso desaseo del Poder Judicial, al dispersar en siete juzgados de siete estados distintos el proceso judicial, además de ser abordado mediante el sistema inquisitivo y el acusatorio, generando discrecionalidad, trabas y un aletargamiento que violentó de nuevo a las víctimas.
Esta reflexión anterior viene documentada en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, donde se repasan los obstáculos causados por la bizarra fragmentación. Entre 2014 y 2022 fueron abiertas por lo menos 28 causas penales por acusaciones ligadas al crimen de Estado: diez en Tamaulipas, cinco en Estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en Ciudad de México, y una en Colima, Morelos y Querétaro.
Por ellos es que las familias de los normalistas presentaron ante la Suprema Corte de Justicia la solicitud de crear una jurisdicción única, sin que hasta la fecha haya sido atendida por la instancia presidida por el ministro Arturo Zaldívar.
En el mismo informe se denuncia también a siete jueces de manera directa. Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición tras haber sido torturados por autoridades, pero no dio vista al Ministerio Público sobre quiénes fueron los funcionarios responsables de realizar dichos delitos.
Otro juez señalado es Enrique Beltrán, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en Estado de México, quien se ha negado a proteger la reserva de identidad de testigos, llegando a rechazar que en las diligencias de estos se distorsionen sus voces e imágenes, poniéndolos así en riesgo a ellos y a la indagatoria.
La Magistrada Lambertina Galeana, del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, dio la sospechosa e irregular orden de destruir los videos de las cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala del día de la desaparición de los estudiantes. Su argumento fue que las imágenes no eran claras “por problemas técnicos”.
Sigue la lista, siendo quizá el Juez Alejandro López, de Colima, el que se lleva las palmas del absurdo al considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
Nuestra justicia desaparecida.
En el mismo informe se denuncia también a siete jueces