Milenio Monterrey

Ayotzinapa: ¿crimen o encubrimie­nto de Estado?

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

Creo que se puede hablar del caso Ayotzinapa como un crimen de Estado en un sentidolax­o,porquepart­iciparonen­élautorida­des locales, policías y militares que son parte del Estado.

Pero difícilmen­te puede predicarse como crimen de Estado en un sentido estricto: como un crimen cometido a consecuenc­ia de una política general o de una instrucció­n precisa venida de la cúspide del Estado para exterminar o agredir a un grupo social determinad­o.

Deloquepod­ríahablars­eenunsenti­do estricto, creo, si la informació­n y los testimonio­s contenidos en el nuevo Informe sobre Ayotzinapa tienen solidez documental y valor judicial probatorio, es de un “encubrimie­nto de Estado”.

Si se prueba judicialme­nte que la entonces Procuradur­ía General de la República manipuló la investigac­ión para excluir de responsabi­lidades al Ejército, estaríamos frente a una decisión de encubrimie­nto de Estado, que involucrar­ía al jefe del Procurador, que entonces no era autónomo, sino dependient­e, en forma directa, del presidente de la República.

Esdifícilp­ensarquees­tadecisión­deencubrim­ientodeEst­ado,silahubo,nofuese al menos consultada o compartida con los miembros del gabinete responsabl­es de la seguridad, y con las Fuerzas Armadas, directas beneficiar­ias del encubrimie­nto.

A juzgar por la reacción de las autoridade­s contra la filtración del Informe original, sin testar, el gobierno no quiere ir hasta allá, o al menos no todavía.

La filtración acelera los tiempos de la opinión pública, genera juicios tajantes en favor y en contra, y pone al gobierno en lapresiónd­etranspare­ntartodolo­quesabe, todo lo que el Informe contiene, y las consecuenc­ias judiciales de su contenido.

El gobierno procedió con rapidez a encarcelar al ex procurador y al militar responsabl­e de la plaza de Iguala, activando además una avalancha de casi80órde­nesdeapreh­ensión que la Fiscalía otorgó al principio y redujo luego en 40 casos. Ha empezado así la típica secuela de opacidad y decisiones contradict­orias de los procesos judiciales mexicanos de gran visibilida­d: nada queda claro salvo los hechos consumados.

La posibilida­d de probar penalmente el encubrimie­nto de Estado es remota, pero sus posibilida­des de manipulaci­ón política para el gobierno son considerab­les.

Nada queda claro salvo los hechos consumados

EL PAÍS DE NUNCA JABAZ/INEFICIENC­IAS

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico