Hay un deseo explícito de parte del Presidente de ofrecer una versión honesta de lo que sucedió hace 8 años
No hay inocentes en la batalla mediática que se está dando a propósito de la divulgación que una periodista, Peniley Ramírez, hizo de detalles antes ocultos del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Como suele suceder en el México polarizado que vivimos, las voces que se escuchan solo parecen estar interesadas en la explotación del argumento que mejor acomoda a su posición política. Pero en este debate estamos dejando de lado lo que verdaderamente importa.
En el reporte entregado oficialmente por el subsecretario Alejandro Encinas hace casi un mes, las autoridades habían decidido bloquear buena parte de la información. En aquel momento, y tras leer las 97 páginas y revisar otras mil 500 de los anexos, escribí que las explosivas conclusiones de Encinas no parecían justificarse con la información mostrada, porque buena parte de ella estaba testada (término que ahora se ha puesto en boga). Se entiende que los expedientes judiciales dados a conocer oculten algún nombre, pero oscurecer cerca de un tercio de las páginas parecía excesivo. ¿A qué podría haber respondido? Cuatro razones.
En primer término, por motivos jurídicos, obviamente. El llamado “debido proceso” obliga a la autoridad a no anticipar información potencialmente inculpatoria porque, al hacerlo, puede invalidar cargos y ofrecer pretextos a la defensa. En segundo término, razones policiacas; la exposición de una investigación que está en proceso puede alertar a presuntos culpables y propiciar la fuga o la desaparición de pruebas o testigos. En tercer término, razones de índole ético: se ha dicho que la muestra de las torturas y asesinatos vuelve a victimizar a las víctimas y constituye una desconsideración para con los familiares. En redes sociales es la razón por la cual se ha criticado más a Peniley. No obstante, me parece que es una descalificación moralista y políticamente injusta. Se entiende que para un padre resulte complicado ver el cadáver de un hijo destrozado, por ejemplo, pelorar ro también es cierto que para muchosfamiliareslaúnicamanerade cerrar por fin el duelo es conocer exactamente las circunstancias en las que se dio la tragedia. Si hay una madre o una abuela a la que pueden lastimar detalles crueles o sangrientos se les debe advertir paraahorrarleselsufrimiento.Pero creo que la verdad, por dura que sea, tiene un carácter terapéutico en muchos casos. Que se devele lo que había sido tapado, insisto, no obliga a todos y a cada uno de los familiares a leer el expediente a menos que así lo prefieran. Por último, también podrían existir razones políticas para ocultar algunos datos; particularmente en un caso como éste, en el que no todos en el gobierno comparten el mismo punto de vista sobre la factura que deben pagar actores de poder tan importantes como los militares o funcionarios que trabajan en la actual administración.
Si todas estas fueron las razones para “testar” el documento, estamos en condiciones de vamejor los méritos y deméritos que representa divulgar su filtración. No es fácil pedirle a un reportero que resista la tentación de publicar un expediente que ha caído en sus manos, tratándose de un secreto relevante para la opinión pública. Está en nuestra naturaleza. Pero también es cierto que el periodista no es ajeno a las consecuencias jurídicas y policiacas que pueda provocar su tarea. Me parece que lo que hizo Peniley no tendría que ser cuestionado por las razones supuestamente morales (respeto a los familiares) o por las razones políticas expuestas arriba, para empezar porque esos datos no tendrían que haber sido ocultados. Sin embargo, editores y periodistas nunca hemos sido ajenos a nuestra responsabilidad ante los procesos judiciales. El hecho de recibir una filtración no es razón suficiente para exponerla acríticamente. Habría sido útil la consulta con un abogado para saber qué aspectos podrían arruinar el debido proceso o incluso provocar la exoneración de un presunto culpable. En tal caso, el periodista podría haber develado solo aquello que no comprometía este principio. Pero habría que decir que no es del todo claro si lo que ha publicado Peniley puntualmente está violentando el mencionado debido proceso. En las muchas descalificaciones que la reportera ha recibido hay poca precisión al respecto, pues el punto se argumenta en lo general.
En todo caso, por polémica que sea la actuación de Peniley, corremos el riesgo de desviar la atención hacia la mensajera y dejar de lado lo que importa, el mensaje. Una autoridad filtró indebidamente el documento por motivos políticos o simplemente por corrupción.
Más allá de la reportera, se trata de un asunto que entraña aspectos preocupantes. Por un lado en lo que toca a las fiscalías. La oficina principal, encabezada por Gertz Manero, ha cancelado órdenes de aprehensión que se consideraban en firme, aunque no teníamos manera de saberlo porque justamente habían sido tapadas. No está claro si el desistimiento de la FGR obedece a que las acusaciones carecían de pruebas suficientes para sustentar una orden de aprehensión, como sucede con frecuencia, o a la agenda política y personalcontaminadadeltitular de esta oficina, como también ha sido tan frecuente en este sexenio. ¿Fue de aquí de donde salió la filtración? ¿De Gobernación? ¿de los militares? O simplemente de un funcionario comprado por los criminales? Habría que estar atentos al impacto final de este documento destapado: quien más se beneficie de sus implicaciones tendría que ser considerado el principal sospechoso.
Lo cierto es que desde el principio han existido matices contrastantes entre la actitud de la Fiscalía, la oficina dirigida por Alejandro Encinas y la Presidencia misma. Hay un deseo explícito de parte del Presidente de ofrecer de una vez y para siempre una versión honesta de lo que verdaderamente sucedió hace ocho años y otorgar por fin la merecida justicia que demandan los familiares y la opinión pública. Pero tampoco se desea una cacería de brujas y sospechas innecesarias sobre un tejido político en el que podrían salir raspados actores importantes de la escena pública.
Ese es el tema de fondo. Podemos distraernos con el debate engañoso, aunque morboso, sobre una reportera a la que algunos consideran poco menos que una Juana de Arco y paladín de la libertad y otros una vil oportunista. El obradorismo está indignado y con razón si esto provoca la exculpación de los criminales responsables de la masacre de los estudiantes; pero mal haríamos en indignarnos con el instrumento sin prestar atención al autor intelectual de esta infiltración.