Milenio Monterrey

Entre cazadores y policías corruptos

- MIGUEL ÁNGEL VARGAS

En Nuevo León se expiden cada año más de 10 mil permisos extraordin­arios de traslado de armas para la práctica de la cacería por parte de la Sede na. Sin duda es un deporte cinegético, cuya derrama económica en la región es de varios millones de pesos.

Además de las autoridade­s militares, interviene­n el Estado y la Semarnat para autorizar los cotos cinegético­s donde pueden cazar y los estados que comprenden son Nuevo León, Co ah uila,T ama ulip as, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Baja California.

En el caso de Nuevo León, la región norte que incluye municipios como Villaldama, Bustamante, Lampazos y Sabinas Hidalgo hasta Anáhuac, son donde se ubica la zona llamada prime, pues hay una variedad de venado cola blanca, que es la más buscada por los que se dedican a esa actividad.

La temporada de ese ejemplar, la primera semana de noviembre del 2022 está por concluir este fin de semana de febrero(2023), y por fortuna sin incidentes donde se vean involucrad­os cazadores. Lo cual habla de que está debidament­e regulada.

Para llegar a esas zonas hay que transitar por carreteras y autopistas de poblacione­s como El Carmen, Salinas Victoria, Zuazua y Ciénega de Flores, donde los policías municipale­s tuvieron la brillante idea de colocar retenes que han ocasionado enfrentami­entos con grupos criminales.

Quiere decir que el problema son ellos, que por instruccio­nes de los alcaldes se dedican a extorsiona­r a los automovili­stas, y provocan desde accidentes viales hasta desencuent­ros con los miembros de la delincuenc­ia organizada.

Diría don Mario Moreno Cantinflas: “Ahí está el detalle”. Es una situación generada por su avaricia de obtener ganancias ilícitas, o por no respetar acuerdos para el libre tránsito por esas vías de acceso al norte y noreste del estado.

La pregunta es ¿por qué el Gobierno del Estado no ha puesto orden?, pues por la sencilla razón de que no le interesa meterse en un conflicto donde los propios políticos de esos municipios se han involucrad­o, y los dejan que se rasquen con sus propias uñas.

Si bien es cierto es una situación generada por los funcionari­os corruptos de esos municipios, lo lamentable es que los ciudadanos que nada deben, muchas veces terminan pagando, y solo por eso las autoridade­s estatales y federales deberían intervenir.

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