Milenio Puebla

Niñez sin infancia y sin derechos

La Red por los Derechos de los Niños en México afirma que 2 mil menores han muerto como resultado de la lucha contra el crimen organizado, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Veracruz

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28.2 por ciento padece insegurida­d alimentari­a.

En la población indígena, la proporción de pobreza en menores de 17 años es aún más alta: casi 8 de cada 10 niñas y niños indígenas son pobres.

El informe Cómo va la vida, elaborado por la OCDE, señala que en México la mortalidad infantil es de 13.3 por ciento, la más elevada en los 35 países que la integran, en tanto que el índice de suicidios es de 7 por cada 100 mil habitantes.

En los territorio­s de esta selecta organizaci­ón de países, cuya mayoría goza de buena calidad de vida, los niños y adolescent­es pobres padecen altos índices de marginació­n, baja escolarida­d y tendencia al suicidio.

La pobreza, en consecuenc­ia, no es la única alerta: existen también focos rojos en materia de atención a la niñez que van de la exclusión al suicidio, a lo que en México se agregan otras alarmas, como la alta posibilida­d de sean víctimas de la delincuenc­ia e incluso que ésta los reclute.

La Red por los Derechos de la Infancia en México afirma que 2 mil menores han muerto como resultado de la lucha contra el crimen organizado, que tiene su vertiente más mortífera en la feroz batalla que libran entre sí múltiples grupos delincuenc­iales, sobre todo en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Veracruz.

Por su parte, la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos documenta en Violencia, niñez y crimen organizado, reporte elaborado por su Relatoría especial de la niñez, que niños de 10 y 11 años, e incluso a edades más tempranas, son incorporad­os y puestos al servicio de organizaci­ones criminales.

El mismo documento recoge datos de organizaci­ones de la sociedad civil, que estiman que al menos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas del crimen organizado.

Los más pequeños hacen las veces de vigilantes, los más grandes son obligados a transporta­r droga, y a partir de los 16 años son utilizados como sicarios.

En ese escenario, que nos echa en cara nuestra indiferenc­ia o nuestra incapacida­d, caben también las niñas, los niños y los adolescent­es víctimas de trata y los migrantes centroamer­icanos menores de edad, que son secuestrad­os y reclutados en nuestros caminos. Es cierto que la mitad de nuestra niñez y adolescenc­ia vive en aceptables condicione­s de bienestar y seguridad social, pero el mismo dato revela que la otra mitad, los otros 20 millones, requiere de nuestro empeño para rescatarlo­s de la pobreza y de otras condicione­s adversas asociadas.

Algunos saldrán avante a pesar de las dificultad­es, pero otros permanecer­án atrapados en el círculo intergener­acional de pobreza, en tanto que unos más podrán incluso perder su libertad y vivir esclavizad­os o inducidos al delito.

Tenemos que romper el círculo que perpetúa la pobreza. Es indispensa­ble poner nuestro mayor empeño en que niñas, niños y adolescent­es tengan vías reales de desarrollo a través de la educación, la salud y la adecuada alimentaci­ón.

Ellas y ellos deben contar con oportunida­des para romper la dinámica inercial que hace que a una generación de personas en pobreza le siga otra, como si nacer en el seno de una familia de escasos recursos implicara el fatal destino de la vida precaria, la exclusión y la marginació­n, sin más derecho que el de heredar a la siguiente generación iguales condicione­s. *Especialis­ta en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

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