Rechazan estado de excepción en Puebla por robo de gasolina
El gobierno del estado dio a conocer que “en Puebla no hay necesidad de aplicar un estado de excepción (toque de queda y rondines), pues eso significaría que la población está en peligro, lo cual no es así”; al mismo tiempo, señaló que dicha declaratoria sólo puede realizarla el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la autorización del Congreso de la Unión.
A seis días del enfrentamiento entre militares y pobladores de Palmarito Tochapan (presuntos cómplices de grupos delictivos), la administración estatal resaltó que en México no se ha aplicado un estado de excepción, y no será en la entidad poblana la primer región donde se aplique, pues dicha acción violentaría los derechos de los ciudadanos.
“Está estipulado en el artículo 29 de la Constitución, que el único facultado para dictar el estado de excepción es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con la autorización del Congreso de la Unión. En Puebla no hay necesidad de tal acción, está totalmente descartado”.
El gobierno del estado resaltó que se trabaja en coordinación con la federación, para atender esta problemática que desde años ha padecido la entidad, incluso,
El gobierno estatal indicó que dicha acción violentaría los derechos de los ciudadanos poblanos
se informó sobre la llegada de dos mil elementos militares para reforzar la seguridad en los municipios de la región denominada “Triángulo Rojo”.
Agregó que la zona perteneciente al municipio de Quecholac ya se encuentra en calma, donde cuadrillas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindan pláticas a estudiantes y pobladores.
Respecto a las manifestaciones y bloqueos de carreteras, la administración estatal declaró que se privilegiará el diálogo, con el fin de concientizar a los pobladores sobre que este tipo de acciones forman parte de delitos, lo cual puede convertirlos en cómplices de las bandas dedicadas a la ordeña de ductos y venta de gasolina ilegal.
Por último, en cuanto a la puesta en marcha de un programa de recompensas, a fin de lograr la detención de los líderes de robo de combustible, la administración estatal descartó dicha propuesta tras insistir en el llamado a la sociedad para denunciar dichos actos corruptos de manera anónima.