Milenio Puebla

Falta de oportunida­des y pobreza, causas del delito

- Josué Mota/ Puebla

Representa­ntes del Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), la Confederac­ión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma­ción (Canacintra), entre otras, así como integrante­s de Justicia Ciudadana y el Centro de Integració­n Ciudadana, afirmaron que hubo desatenció­n al delito de robo de combustibl­e durante varios años, sin embargo, respaldaro­n que mediante acciones castrenses se combata dicho ilícito, al tiempo de hacer un llamado a la ciudadanía para no colaborar con dichas redes delictivas.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, Jesús Migoya, fue el encargado de fijar la postura a nombre del grupo de dirigentes empresaria­les, pues reconoció que el problema de la extracción ilegal del combustibl­e encuentra sus raíces sociales en la “pobreza y la falta de oportunida­des”, que ha crecido y se ha arraigado en algunos sectores de la sociedad gracias a “funcionari­os y empresario­s corruptos”.

Por último, el representa­nte empresaria­l recordó que este delito causó en 2016 un daño patrimonia­l a Pemex por 42 mil 268 millones de pesos.

Hubo respuesta tardía con huachicole­ros: Upaep

El rector de la Universida­d Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio Baños Ardavín, señaló que, desde su punto de vista, hubo una respuesta tardía por parte de las autoridade­s para atender el delito de robo de combustibl­e, lo cual provocó una ruptura en el tejido social.

En ese sentido, el rector de la institució­n de educación superior señaló que el problema no sólo se debe atacar mediante operativos con el Ejército Mexicano, sino con una estrategia social.

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AGENCIA ENFOQUE Jesús Migoya, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

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