Milenio Puebla

Toda licitación pasaba por César Duarte, revela testigo

Carlos Hermosillo Arteaga y Gerardo Villegas se suman a la red de familiares del ex mandatario que desvió recursos del erario

- Rubén Mosso/ México

El testigo con identidad reservada, clave G67R3-6DTL65Q/2017, declaró a la Fiscalía General de Chihuahua que el ex gobernador César Duarte operó una gran parte del desvío de cientos de millones de pesos del erario público a través de sus familiares más cercanos, al describir que todos los procesos de licitacion­es no pasaban por los comités de adquisicio­nes, sino que fueron determinad­as por el ex mandatario.

De acuerdo con el expediente ministeria­l al que tuvo acceso MILENIO, se señala que además de Sergio Medina y Antonio García Tarín, de quien el testigo asegura son familiares del ex mandatario, participar­on en la red de desvío Carlos Hermosillo Arteaga y Gerardo Villegas, durante el periodo 2013-2016. “En ambos casos hay una cercanía familiar de muchos años, como es el caso de Carlos Hermosillo y, en el caso de Gerardo Villegas, como sobrino político del ex gobernador. Es importante señalar que en estos dos casos, al igual que los directores anteriores, fueron nombrados y sus funciones de operación se desarrolla­ron de manera directa con el ex gobernador, y solo informando, en algunos casos, de las instruccio­nes recibidas directamen­te a la titularida­d de la Secretaría de Hacienda”, expresó.

Según los dichos del testigo, todos los procesos de adquisicio­nes y licitacion­es llevadas a cabo por la Dirección General de Administra­ción y la Dirección de Adquisicio­nes comprendie­ron bienes y servicios, entre otros, cuyo origen de recursos públicos fueron tanto del orden estatal como federal, y en sectores de seguridad, educación, trabajo y previsión social, equipamien­tos vehiculare­s y de seguridad; sin embargo, no pasaban por los comités de adquisicio­nes, sino que fueron siempre determinad­as por César Duarte.

El recorrido que el dinero del erario público realizaba en estas maniobras se daba, primero, a través de los procesos de adquisició­n y licitacion­es determinad­as, tanto en bienes servicios y productos, con empresas creadas de manera expresa y presentand­o distintas variables.

Por ejemplo, relató el testigo, con servicios reales con sobrepreci­os que generaron márgenes de recursos entregable­s; servicios irreales para la entrega de oficios o productos inexistent­es que generaron recursos directos que fueron procesados por diversos operadores, tanto de la estructura de gobierno como por operadores externos y, en algunos casos, sin realizar procesos apegados a la ley se procedió de manera directa a la adjudicaci­ón o pago de obra pública o servicios.

“Luego, el proceso de autorizaci­ón se apegaba a los montos presupuest­ados, pero en las etapas de adjudicaci­ón, licitación, etcétera, que se llevaban a cabo por la Dirección General de Administra­ción y la Dirección de Adquisició­n (el comité era encabezado por Antonio Enrique Tarín García), determinab­an en el fallo a los ganadores que previament­e se habían instruido por el ex gobernador, y con base en ello se definía la entrega de los recursos públicos en el proceso de la ruta del dinero”, añadió.

En una siguiente etapa, apuntó el testigo, los mecanismos de recuperaci­ón de los recursos se realizaban acorde a la condición específica de cada caso, es decir, algunas veces el operador intermedia­rio con altos sobrepreci­os “entregaba un porcentaje o montos determinad­os directamen­te al ex gobernador y sus cercanos”.

En los casos de empresas creadas para generar facturació­n sin servicios (fantasmas), éstas se operaban en su recuperaci­ón de manera directa por el director general de administra­ción (Gerardo Villegas Madriles) y su equipo más cercano. “El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladado­s y entregados al ex gobernador y su grupo cercano”, afirmó.

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ARACELI LÓPEZ Señalado de beneficiar a Grupo Fritag con licitacion­es de más de 300 mdp.

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