“Estrategia fallida”
Para combatir la mafia del huachicol, se requieren auténticas políticas criminales, que actúen de forma integral
El pasado 5 de mayo, durante la toma de protesta de bandera del Servicio Militar Nacional clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, tardíamente el presidente Enrique Peña Nieto, le declaró la guerra a los huachicoleros, al manifestar que, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburo en todo el país.
Lo anterior, después del enfrentamiento ocurrido el miércoles 3 de mayo, entre elementos del Ejército y presuntos huachicoleros en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac.
En efecto, dicho enfrentamiento es un acontecimiento reprochable y pernicioso, el cual merece especial atención y al referirme a “especial atención”, quiero decir, utilizar todos los elementos intelectuales, humanos y materiales para tratar de erradicar ese hecho anti-social y antijurídico que lacera nuestro constructo social.
Sin embargo, parece que la estratagema gubernamental, ha sido contaminada por la ideología calderoniana de abatir el fuego con más fuego, violencia con más violencia, como sucedió en el sexenio pasado.
Desde luego, sin atender la verdadera razón que tiene sumido a tres estados del país en esta batalla huachicolera que se originó por la corrupción de gobiernos estatales, municipales, funcionarios, policías de los tres niveles y trabajadores de alto rango de PEMEX, que han dado cabida a esta actividad delincuencial, la cual, se ha convertido en el sustento de muchas familias que carecen de medios suficientes para cubrir sus necesidades primarias, esas necesidades que el Estado tiene la obligación de proveer, acercando el desarrollo y el progreso a las comunidades.
Aunado a lo anterior, y créame abona en demasía, la inadecuada toma de decisiones directivas en torno al uso de recursos para la defensa de los ductos, el primer error fue designar a un militar con escasa experiencia para esta labor, el general León Trauwitz, cuya designación generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso.
Lo anterior, explica la razón, por la cual resultan ineficientes los más de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de PEMEX desplegados permanentemente a lo largo de 60 kilómetros de ductos combatiendo este ilícito.
De igual forma, resulta incomprensible que los cuantiosos recursos económicos destinados a vigilar las instalaciones e infraestructura de PEMEX, tampoco estén ofreciendo resultados positivos, puesto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, confirmó que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de PEMEX, a cargo del general León Trauwitz, no sólo tiene el respaldo de la SEDENA sino que ha contado con millonarios recursos para combatir el robo de gasolina.
En su reporte de la cuenta pública de 2015, que publicó en febrero pasado, la ASF verificó que la SSE, puso en marcha un proyecto de inversión por 2 mil 521 millones 48 mil 800 pesos para el fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX de 2013 a 2015.
De acuerdo con lo que informó la oficina del general León Trauwitz a la ASF, ese proyecto fue para mejorar la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos e instalaciones consideradas como estratégicas, con tecnología de primera generación, y mejorar la eficiencia del personal para actuar de manera contundente y oportuna en aquellos lugares donde se registre la presencia de un ilícito.
Todo lo anterior, evidencia el inadecuado uso de recursos destinados a erradicar la conducta delictiva del robo de hidrocarburo, y que como consecuencia lógica, ha provocado otros fenómenos antijurídicos que agravan el costo de esta batalla huachicolera, como lo es, la violación a derechos humanos por parte de los militares en su operación policial, al realizar ejecuciones que fueron grabadas en videos que varios medios presentaron a nivel nacional y que han ocasionado un verdadero descontento social.
El robo de hidrocarburo, no es un fenómeno que se pueda combatir sólo con el uso de la fuerza, o jugando a la guerra, como intento hacerse en el sexenio pasado, cuando se desató la guerra contra el narcotráfico, que solo trajo consecuencias devastadoras para la sociedad mexicana, sin poder erradicar dicha conducta delictiva.
Para combatir la mafia del huachicol, se requieren auténticas políticas criminales, que actúen de forma integral con todas las instituciones gubernamentales de los tres poderes de la unión, las cuales, observen el cúmulo de necesidades insatisfechas de empleo, servicios y justicia social, que sufren los gobernados. De lo contrario, lo más seguro es que los pobladores se conviertan en aliados de los criminales, ya que, son ellos, quienes los ayudan a satisfacer esas necesidades insatisfechas por parte del gobierno, fundamento de esta nueva derrota.