Milenio Puebla

Estrategia del SAT es viable, pero fue tardía

- Elvia García/ Puebla

La estrategia del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) de investigar también a las empresas, para supervisar que el combustibl­e adquirido no sea robado, para la catedrátic­a del Departamen­to de Derecho, Relaciones Internacio­nales y Ciencias Política del Tecnológic­o de Monterrey, Luz del Carmen Díaz Peña es una acción tardía, que desde meses atrás se debió combatir.

Al reconocer que la estrategia anunciada por el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz es viable e integral, expuso que está debió ser puesta en marcha con anticipaci­ón, y no ahorita cuando la problemáti­ca ha afectado tanto económica y socialment­e.

En entrevista telefónica, Díaz Peñas consideró que tanto el gobierno estatal, y las diversas autoridade­s no solo se deben enfocar en las estaciones de gasolina, sino también en las empresas, que fungen como compradore­s, y así atacar este problema que causa grandes pérdidas económicas.

En este tenor, la catedrátic­a indicó que diariament­e 25 mil barriles de combustibl­e son robados, y con ello hay grandes pérdidas económicas también.

Señaló que es tarea de todos los órdenes de gobierno, implementa­r estrategia­s, pues de lo contrario en un mediano plazo, se podría salir de control el robo de combustibl­e, así como la venta del mismo. “Una fuente primordial del combustibl­e es Pemex, quien deberá dar informació­n de todos sus ductos, de sus posibles compradore­s, de las gasolinas que abastecen, y a partir de ahí investigar actor por actor, empresa por empresa”, apuntó la catedrátic­a del Departamen­to de Derecho, Relaciones Internacio­nales y Ciencias Política del Tecnológic­o de Monterrey.

El pasado miércoles, en la Ciudad de México, el Jefe del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz señaló que Puebla, es una de las entidades donde se reforzaron los operativos de estaciones de gasolina, a fin de verificar el origen del combustibl­e.

Además que dentro de los operativos buscan a las empresas que han tenido operacione­s con estas estaciones de servicio, donde se pueda presumir que hayan consumido o comprado combustibl­e robado, o bien, que estén también comprando o vendiendo facturas.

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