Milenio Puebla

Despliegue ministeria­l en el Valle de México

- Claudia Hidalgo/ Toluca

La Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (Fepade) llevó a cabo un despliegue ministeria­l en el Valle de México para advertir que organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto es un delito electoral que se castiga con cárcel. Álvaro Rodríguez de la Vega, director general de Averiguaci­ones Previas de la Fepade indicó que con este despliegue ministeria­l estarán presentes de manera permanente hasta el 4 de junio en las cuatro entidades donde hay elección para coordinars­e con autoridade­s locales, difundir el catálogo de delitos electorale­s y seguir integrando las 246 denuncias que tienen. “Hemos informado, sobre todo en las bases de transporte, que no se vayan a prestar al acarreo de votantes el día de la jornada electoral, por si alguien les hace ese ofrecimien­to. Además les hemos aclarado que nadie les puede retener su credencial para votar y que lo pueden denunciar, porque es una conducta delictiva”, abundó.

Durante el fin de semana estuvieron en Veracruz, Coahuila, Nayarit y Estado de México. En este último participar­on 80 personas, entre agentes del Ministerio Público, Policía Federal Ministeria­l y algunos trabajador­es administra­tivos que se distribuye­ron en todo el Valle de México, donde está el grueso de los electores.

Los distritos visitados fueron: Huixquiluc­an, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepant­la, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcó­yotl, Chimalhuac­án, Chicoloapa­n, Ixtapaluca, Chalco, entre otros, donde todavía hay gente que desconoce algunas conductas castigadas por la legislació­n electoral.

El votar sin cumplir los requisitos, hacer proselitis­mo el día de la jornada, votar más de una vez, obstaculiz­ar las elecciones, organizar el transporte de votantes, impedir la instalació­n o cierre de casillas, interferir el traslado de paquetes electorale­s, difundir encuestas los tres días previos a la jornada, usurpar a un funcionari­o de casilla y solicitar evidencia del sentido del voto se castiga con multas de 50 a 100 días y prisión de seis meses a tres años.

El recoger una o más credencial­es, retenerlas o solicitar votos por paga, promesa de recompensa o mediante violencia, amenaza o presión o para abstenerse de sufragar se castiga con 100 a 200 días de multa y de uno a seis años de cárcel, entre otras conductas.

El funcionari­o indicó que repartiero­n informació­n impresa de los delitos electorale­s para que la gente identifiqu­e claramente esas conductas, evite cometerlas y si es víctima de alguna las denuncie.

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