“Una orden judicial es la única vía legal”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las secretarías de la Defensa, Marina y Gobernación, además de la Procuraduría General de la República, que de tener programas para intervenir comunicaciones, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos y, en caso de haber obtenido información a través de estos medios, no la utilice ni difunda.
La comisión también solicitó a la PGR instruir al personal ministerial para que conozca las denuncias de víctimas de espionaje y realice la investigación con profesionalismo, exhaustividad y objetividad.
Reiteró que si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, y de contravenir ese mandato, se violan los derechos humanos.
A los llamados de realizar una indagatoria exhaustiva sobre este caso se sumó la Comisión de Derechos Humanos capitalina, en voz de su titular, Perla Gómez, quien además exigió castigar a los responsables y que las instancias que tengan dicho programa justifiquen su adquisición.
Ante las revelaciones del informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el espionaje, legisladores consideraron urgente reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Penal.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Pilar Ortega, mencionó que los mexicanos están inermes ante el espionaje, ya que dichos ordenamientos permiten esta práctica sin autorización judicial previa.
Las bancadas de oposición reiteraron su demanda de que los titulares de dichas dependencias comparezcan y expliquen por qué y para qué adquirieron Pegasus.
En contraste, la senadora Graciela Ortiz y el diputado Hugo Cabrera, del PRI, reclamaron que el periódico TheNewYorkTimes acuse de espionaje al gobierno sin “pruebas”, y afirmaron que esta publicación forma parte de una estrategia para socavar a las instituciones.
Hasta 40 años de cárcel
En la Cámara de Diputados, el PAN propuso una iniciativa para reformar el Código Penal federal, que permita endurecer las sanciones por espionaje telefónico e imponer entre 10 y 20 años de prisión contra quien incurra en esta conducta, incluso hasta el doble en caso de que el responsable sea servidor público y haya intervenido comunicaciones sin autorización judicial.
La bancada perredista insisitió en la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas, mientras que el PT dijo que esos actos no solo trasgreden la privacidad de los afectados, sino que debilitan la libertad de expresión y la vida democrática nacional.
Con información de: Eugenia Jiménez, Angélica Mercado, Omar Brito, Fernando Damián, Elia Castillo, Rafael Montes y Jorge Almazán