Posibilidad de que el ex gobernador (actualmente preso en una cárcel de Panamá) haya usado amigos para hacerse del hotel más reciente y moderno de la isla, o dinero con la compra del terreno y su edificación
La PGR investiga la lavar
Es 10 de junio de 2014, frente a la playa. El gobernador Roberto Borge está parado en la explanada donde se construirá el Westin Cozumel. Viajó a la isla para apadrinar el inicio de la construcción. Está acompañado de algunos de los accionistas que, a través de la sociedad Isla Cabañas SA de CV, invertirán en el hotel.
“Me congratulo. Hoy en la isla de Cozumel se está teniendo una inversión hotelera significativa con esta colocación de la primera piedra del hotel Westin Cozumel. El proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de dólares”, dijo un Borge airoso.
Ese día en la foto del recuerdo aparecen, entre otros, Luis Sierra Sauri, el hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, y el arquitecto Juan González Angulo, en representación de los accionistas. Pero ahí, en la imagen, faltaba uno de los protagonistas de la historia del Westin Cozumel. Y de la vida de Borge.
Su nombre es Édgar Manuel Méndez Montoya, un joven empresario tabasqueño de 35 años que en Quintana Roo es señalado como operador político de Borge. Uno siempre alejado de los reflectores. Según consta en una escritura pública del 14 de diciembre de 2011, Juan González Angulo y Méndez Montoya, en su calidad de representantes de la sociedad Isla Cabañas, pagaron por el terreno donde se construiría el hotel 109 millones 124 mil 800 pesos. Con el resto de los socios aportaron otros 108 millones de pesos para la constitución de la sociedad Isla Cabañas SA de CV, la propietaria del Westin.
Este hotel es el más reciente y moderno de la isla. Para su inauguración estaba planeado un gran festejo, pero extrañamente su operación comenzó este mes sin gran aspaviento. Tiene 156 habitaciones de lujo, muchas de ellas con vista al mar, piscina semiolímpica, alberca con agua de mar, dos restaurantes y tres bares, todo operado por la firma estadunidense Starwood.
El 28 de noviembre de 2016, la organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo presentó una denuncia ante la PGR contra presuntos prestanombres del ex gobernador priista por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Méndez Montoya se encuentra vinculado como uno de los principales prestanombres de Borge, no solo en este negocio sino en varios otros”, sostiene Fabiola Cortés, presidenta de esta organización civil.
En los datos de ingresos informados al SAT por Méndez Montoya y González Angulo, ninguno reporta ingresos como para edificar un hotel de las características del Westin. Lo hicieron, al menos una parte, a través de financiamientos bancarios.
Méndez Montoya no es un desarrollador hotelero reconocido. Conoció a Borge cuando estudiaban en el Tec de Monterrey. Al asumir el poder Borge, su amigo recibió contratos de obra a través de la empresa Rumega y se benefició con la compra de terrenos de la reserva territorial del estado a precios de remate. Ya hay denuncias ministeriales al respecto.
La diputada Gabriela Angulo Sauri es oriunda de Cozumel y conoce bien a la familia de los hermanos Juan y Raúl Omar González Angulo, quienes, según el acta constitutiva del 6 de diciembre de 2011, forman parte del consejo de administración de Isla Cabañas, la dueña del Westin.
Asegura que ellos tampoco tenían los recursos para aportar a un complejo como el Westin. “Ellos ya habían quebrado otros negocios, en otros hoteles. El Meliá también fue propiedad de ellos y lo perdieron”.
Las investigaciones de Somos Tus Ojos señalan que Juan González Angulo no ha informado ingresos fiscales desde 2009, cuando reportó ganancias por $200,000. La fiscalía general del estado ya investiga a Méndez Montoya. El 3 de enero de 2017 instruyó el aseguramiento de un folio electrónico relativo a predios de su propiedad. El folio asegurado contiene la documentación en la que transmite cinco bienes a la empresa Inmobiliaria Edme, también de su propiedad, y cuyo representante legal es Germán Garduza Linares, quien forma parte del consejo de administración de Isla Cabañas, la propietaria del Westin.
El aseguramiento de los terrenos está relacionado con la venta que el gobierno de Borge hizo de estos predios a precios subvaluados, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública. Las autoridades del estado presentaron una denuncia ante la PGR en la que incluyen 820 hectáreas que presuntamente fueron vendidas a una red de amigos y familiares de Borge a precios irrisorios.
Méndez Montoya también es investigado en varias carpetas de la PGR. El 27 de febrero de este año, el empresario Carlos Antonio Mimenza denunció a Roberto Borge, a Méndez Montoya y a otros implicados por aprovechamiento ilícito del poder, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Sé que (Edgar Méndez) es prestanombres de Borge, lo tengo denunciado ante la PGR”, cuenta el empresario.
Como la PGR también indagará el caso Westin, y es posible que Borge haya usado prestanombres para hacerse del hotel, o lavar dinero con la compra del terreno y la edificación del lugar, según confirmó MILENIO, pareciera que algunos de los miembros del consejo de administración de la sociedad Isla Cabañas quieren desmarcarse. Semanas antes de que se librara la orden de aprehensión contra el ex gobernador hubo movimientos: el 10 de marzo de 2017, ante el notario público Alejandro Moreno, quedó registrada la renuncia de Luis Alberto Sierra Sauri, los hermanos Juan y Raúl Omar González Angulo, Cruz Pérez Torres y Mauro González Méndez.
En esa misma acta se lee algo que resulta elocuente: que con su salida se libran “de toda responsabilidad de cualquier índole, ya sea contractual, civil, penal, o de cualquier otra que pudiere corresponderles a cualquier acto u omisión de los mismos realizado con relación a la sociedad”.
La PGR indaga el caso, pero hasta el momento no ha asegurado los folios de la sociedad del Westin como lo hizo con otras empresas que presuntamente pertenecen, a través de prestanombres, a Borge.
“La PGR tiene la obligación de realizar esos aseguramientos de los folios electrónicos”, dice el fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech.