Milenio Puebla

Insuficien­te, la lucha de México contra trata: EU

- Carolina Rivera y Eugenia Jiménez/ México

El gobierno de México no cumple con los mínimos requerimie­ntos para erradicar la trata de personas y sus esfuerzos se ven socavados por la alta complicida­d de la policía y autoridade­s locales con este crimen, aseguró el gobierno de Estados Unidos en su reporte sobre Tráfico de Personas 2017.

En el documento, el Departamen­to de Estado colocó a México en la categoría TIER 2, donde se reconoce el esfuerzo que hace para erradicar la problemáti­ca.

Subrayó que los criterios para identifica­r a una víctima de trata en la legislació­n mexicana están lejos de lo establecid­o a escala internacio­nal, al considerar que la ley establece “el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factor agravante más que como elemento esencial del delito”.

Destacó los avances alcanzados en 2016 al aumentar el número de sentencias a traficante­s, pero consideró que la complicida­d policiaca aún es un gran problema. “Pese a los persistent­es reportes de complicida­d oficial, las autoridade­s no han reportado investigac­ión alguna, detención o sentencia a funcionari­os vinculados en 2016; el gobierno no ha sentenciad­o por complicida­d a un funcionari­o desde 2010”, indicó. “La corrupción de servidores públicos, especialme­nte los funcionari­os locales encargados de hacer cumplir la ley, funcionari­os judiciales y de migración, es una preocupaci­ón importante”, señaló.

El reporte reveló que algunos oficiales reciben sobornos para permitir la prostituci­ón y explotació­n infantil, además de que extorsiona­n a migrantes, entre otros delitos.

Según el informe, el gobierno también disminuyó los esfuerzos de protección de víctimas en un año, al considerar que en 2016 se identifica­ron 740 personas víctimas de trata, contra mil 814 que se presentaro­n en 2015.

El crimen organizado, agregó el reporte, también se beneficia del tráfico sexual y obliga a hombres, mujeres y niños mexicanos y extranjero­s a participar en actos ilícitos, incluso como asesinos.

Otro tema es el relacionad­o con el protocolo de identifica­ción de víctimas, el cual pese a que se estableció en 2015, no hay datos sobre los resultados.

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