El Infonavit logra escriturar 20% de las primeras viviendas de Ciudad Modelo, que se entregarán en breve: KuriP.

Toda obra pública debe ser licitada y eliminar procedimientos de asignación directa

Empresarios del sector de la construcción demandaron una reforma a la Ley de Obra Pública y la Ley de Desarrollo Social para combatir la corrupción y evitar la participación de personas sin experiencia que puedan afectar el desarrollo de obra pública.

De visita en Puebla, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer, expuso que toda obra pública debe ser licitada y así eliminar los procedimientos de asignación directa o invitación, que generan una situación desleal.

Consideró necesaria la supervisión de obra a través de “comités ciudadanizados de fallos” para evitar conflicto de intereses o poner en evidencia una obra mal hecha.

En este marco, se expuso que los recortes presupuestales que aplicó el gobierno federal a principios de año redujeron hasta 50 por ciento el ritmo de obra, aunque este panorama no es exclusivo de Puebla.

Gallo Palmer afirmó que el sector de la construcción protege a los trabajadores con seguridad social y paga incluso sueldos más altos que en otras industrias.

Con ello, refutó un reciente estudio publicado por la firma ARH Consultores que indica que ocho de cada diez trabajadores carecen de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Nuestros empleados ganan 250 pesos al día y de ahí de en adelante. Somos los más vigilados. Somos los que nos debemos estar más preocupados por tener asegurados a nuestros empleados porque un accidente de trabajo nos puede costar el cierre de una empresa, son costosos por lo que hacemos un gran esfuerzo por mantener la nómina. El problema está en que si el gobierno no nos paga a tiempo nos obliga a incumplir con nuestras obligaciones laborales”.