Jorge Luis Fuentes
Nuestras universidades deben de ser el ejemplo de la sociedad a la que aspiramos; ser verdaderas ciudades modelo en donde lo mejor del entorno pueda reflejarse
Hace casi dos décadas la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló la necesidad de incrementar considerablemente el número de mujeres en la toma de decisiones, indicando que aunque se hayan realizado avances importantes en cuanto al número de mujeres matriculadas en las universidades, “todavía subsisten distintos obstáculos de índole socioeconómica, cultural y política, que impiden su pleno acceso e integración efectiva”.
Entonces se habló de incrementar los “esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación superior, tener en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que están insuficientemente representadas, e incrementar sobre todo su participación activa en la adopción de decisiones” en “muchas partes del mundo”, entre las cuales, se encuentra México, todavía, ya bien entrado el siglo XXI.
El problema no es menor, nuestras universidades deben de ser el ejemplo de la sociedad a la que aspiramos; ser verdaderas ciudades modelo en donde lo mejor del entorno pueda reflejarse. Sin embargo, de las mil 144 universidades públicas del país, apenas hay una docena de mujeres al mando de ellas.
Un número igual o incluso menor al que teníamos en 1998 al adoptar los compromisos del milenio, que en 20 años no hemos puesto el menor énfasis en cumplir.
Para poner el dedo en la llaga, es conveniente citar el muy mal ejemplo de una universidad pública en México, nada menor, una de las cinco más importantes del país: la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Tan sólo antier cambió el rector general (apellido que llevan pues hay tres planteles y cada uno tiene un rector). Fue electo, por la junta de gobierno de esa casa de estudios, Eduardo Abel Peñalosa Castro, quien se desempañaba como rector de la unidad Cuajimalpa.
Su antecesor, Salvador Vega y León, es responsable de hacer algunos ajustes para garantizar la sucesión: limitó la edad para integrar la junta de gobierno a 70 años, con lo cual, sacó de la misma a tres incómodos académicos, un hombre y dos mujeres, que se oponían a que impusiera, como lo hizo, a su relevo en la rectoría general.
Con ello consiguió que la junta de gobierno, con una vacante y una integrante vacacionando, votara con siete presentes por su propuesta, quien en tiempo récord concedió una entrevista al El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/ sociedad/2017/06/30/ designan-penalosaanunciando que no investigará a su sucesor por las múltiples acusaciones por desvío de más de 350 millones de pesos.
Demostrando que fue impuesto para proteger las espaldas de un rector sin grandes preocupaciones por la vida académica y sí muchas por el uso opaco de sus recursos económicos.
Se pensaría que el problema es solo de corrupción, pero no, es un síntoma de los gobiernos federal, estatales y municipales: en donde hay más corrupción, se presentan más delitos contra las mujeres. Y la UAM no ha sido la excepción, alumnas han hecho públicas denuncias en contra de maestros que las acosan o de autoridades que las han violentado; como lo señala la abogada Patricia Barragán, quien representa a una estudiante que fue revictimizada al tener que narrar la violencia que sufrió por parte de un directivo perteneciente a la Defensoría de Derechos Universitarios ante el colegio académico. Abusos que enmarcan el ambiente de violencia hacia la mujer en una institución encabezada por un hombre que pagó con dinero de la misma los viajes a Cuba que realizó y de los cuales no ha dado cuenta. Un rector que impidió a la Auditoría Superior de la Federación el acceso a los gastos en múltiples áreas de la misma. Un rector mas parecido a Javier Duarte, Eruviel Ávila o a Roberto Borge que a una autoridad con reconocimiento académico. Así se comporta en el uso del dinero público y en la atención a los casos de violencia hacia la mujer que se presentan bajo sus narices. Un tema por demás preocupante, ya que si no hemos podido alejar del gobierno a esos sátrapas que están permitiendo gravemente la violencia de nuestra sociedad, al menos podríamos comenzar por impedirles dirigir los que deberían de ser nuestros santuarios contra la barbarie que se vive en las calles. Pero para ello es necesario entender que la educación, como concepto general, también es un asunto de género.