Julián Germán Molina Carrillo
M éxico se encuentra ante la problemática de que no ha sabido plantear una Política Criminológica Integral, que permita prevenir la comisión de delitos, y se convierta como tal, en una verdadera alternativa de solución, tan solo ha llegado a plantear y encausar una errónea política criminal, deficiente, llena de corrupción y con una mal entendida facultad represiva de imponer penas planteada a partir de la utilidad del derecho, que solo han significado, la llave para enriquecer a servidores sin escrúpulos y lacerar la esfera jurídica de derechos fundamentales de los ciudadanos, aunado, al abono que esto significa para el creciente desarrollo del crimen organizado.
Lo anterior, también, ha resultado en una inflación legislativa en materia penal, teniendo como base de ésta, la falsa creencia de que modificando los ordenamientos punitivos y aumentando las penas se reducirán los índices delictivos, situación a todas luces errónea, puesto que con esto, lo único que se logra, es crear legislaciones de excepción o de emergencia a partir de la necesidad de legitimar y conservar el modo de producción (dominación capitalista) por lo que su objetivo no es garantizar la convivencia social, si no neutralizar comportamientos contra la estabilidad del sistema, lo que nos arroja a un modelo autoritario, represivo y carcelario para combatir la delincuencia.
Toda esta problemática tiene al país sumergido en la peor crisis delictiva que se haya podido concebir, aunado a lo anterior, los llamados ciberdelitos, han observado un desarrollo insospechado, un crecimiento exponencial en los últimos años, que ha abonado a incrementar el impacto de la mencionada crisis en el desarrollo de nuestro constructo social.
Esta situación, ha colocado a México como el segundo país, después de Brasil, en ser afectado por el cibercrimen, y a nivel mundial nos encontramos entre los primeros 10 países en los que este tipo de delitos impacta de manera importante en el desarrollo social, debido a que tan solo en un año hay más de 45 millones de víctimas que han sido sujetos de algún tipo de ciberataque, según lo señala Microsfot México. Acarreando costos de entre 3 a 5 mil millones de dólares ante las principales amenazas: el fraude, cibercriminal, hackeo, fishing, ransomware, etc.
Pero, para atacar la problemática de forma eficiente, debemos conocer primeramente qué es la cibercriminalidad, y tenemos que es el conjunto de delitos cometidos a través del internet, que han sustituido a los que se conocían como delincuencia informática, pero hoy éste término ya no tiene mucho sentido. Es importante mencionar que lo que se sanciona es la conducta de la persona; las redes, internet y las computadoras sólo se han vuelto un medio para la comisión de estos delitos.
Por ello, los delitos que comprende, son de una variedad muy amplia. La mayoría son delitos clásicos, que ya existían, pero que se han adaptado a la red, al internet, como la estafa tradicional que se ha convertido en fraude informático (spyware o phishing), convirtiéndolo en otro delito, ya que no hubo engaño de una persona hacia la otra para la obtención de un beneficio económico, sino que, pudieron haber tenido un acceso no autorizado al ordenador de una persona y con sus contraseñas haber hecho el fraude en sus cuentas de banco o alteración de otra información personal. Por ende, las condiciones para que se dé la conducta delictiva son diferentes.
Tenemos también en este ámbito de la cibercriminalidad, los delitos contra la Propiedad Intelectual, con todas las páginas que existen de descarga de música, textos, imágenes o documentos que se difunden masivamente en las redes sin autorización y que están protegidos por derechos de autor.
Asimismo, han proliferado los delitos sexuales. Algunos que dañan la intimidad de las personas como en los muchos casos que se dan cuando las parejas terminan una relación y, por venganza, alguno de ellos comienza a enviar masivamente videos y fotos del otro en la intimidad o teniendo relaciones. Dentro de este rubro la pornografía infantil es uno de los delitos preferidos por los ciberdelincuentes.
El delito de sabotaje informático, que es la difusión de virus o elementos análogos que producen la destrucción de información o bloquean el funcionamiento de sistemas. En otro campo tenemos el lavado de dinero u otro tipo de comportamientos que tienen ese efecto, de utilizar canales de internet sin tener una configuración específica, típica.
Toda esta tipología de delitos cibernéticos ha puesto en jaque a nuestras autoridades tanto ejecutivas, legislativas y judiciales, puesto que no han sabido actualizar las normas, concientizar a la sociedad y utilizar mecanismos de prevención que permitan evitar la comisión de estas conductas delictivas. Además, se han visto incapaces de implementar una legislación eficaz para combatir y reprimirlas, aunque sabemos que dicha tarea no es sencilla, toda vez que, perseguir los delitos por internet sólo se puede conseguir hasta determinado límite, sabiendo que es complicado ponerle puertas a un campo en el ciberespacio.