Presencia de militares “reduce” la incidencia delictiva: edil de Huejo
Alberto Morales recordó que se han sellado dos tomas clandestinas en Xamimilulco
El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, solicitó el apoyo de la XXV Zona Militar y la Policía Estatal, a fin de blindar la seguridad en su demarcación. No obstante, resaltó que gracias a las estrategias implementadas en su gobierno, se ha reportado una reducción en el delito a lo largo de los últimos tres años. El alcalde recordó que antes de tomar el cargo en Huejotzingo, se reportaba el robo de 140 automóviles al año, mientras que en 2016, la cifra fue de 27 vehículos. Asimismo, resaltó que hasta
Señaló que la incidencia en el delito de robo de auto disminuyó con la presencia de los militares
el momento han sido detenidas cinco personas vinculadas al robo de combustible, y se han sellado dos tomas clandestinas de hidrocarburo en Santa Ana Xalmimilulco.
El edil, acompañado de ejidatarios, solicitó al gobierno del estado su apoyo para que las empresas que ejecutaron el Libramiento Poniente cumplan con el pago de predios, respecto a los que se ocuparon para el proyecto. Incluso, se denunció que el director del Banco Estatal de Tierra, José Miguel Rivas García, ha amenazado a los vecinos si éstos continúan con sus reclamos.
Morales Álvarez detalló que desde diciembre del año anterior, la empresa que edificó la obra no paga los terrenos que compró para el proyecto, e indicó que entre 60 y 80 personas han resultado afectadas. “Sabemos de la calidad humana del gobernador (Anotnio Gali Fayad) y sabemos que en muchos de los casos no está enterado de estos adeudos”, dijo el alcalde, quien reconoció que no se tiene la cantidad a la que ascienden los adeudos, ya que oscilan entre el 10 y hasta el 100 por ciento del precio de venta.
Por último, Morales Álvarez agregó que la firma (quien reconoció no saber cuál es), se comprometió a realizar obras complementarias y de reparaciones, con una inversión de 60 millones de pesos, sin embargo, éstas no han sido ejecutadas. “Cerca de 200 familias podrían quedarse sin ingresos, ya que la empresa prometió construir puentes para que pudieran acceder a sus terrenos de cultivo”, concluyó.