Huachicoleros de “cuello blanco”
Tarde, pero llega la aplicación de la justicia. Falta que la representación social aporte todas las pruebas, pero la detención del alcalde de Palmar de Bravo debe ser el principio, no el “escarmiento”, para encubrir la comisión de delitos de gobernantes.
En teoría, nadie debería estar exento de responder ante la ley por la comisión de delitos relacionados al robo de gasolina a Pemex, incluidos particulares, que se estarían, ya clasificando como “huachicoleros de cuello blanco”, porque los hay y son varios.
Existe más de una denuncia y hechos relacionados con actividades ilícitas de presidentes municipales, ubicados en el corredor de las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero también otros relacionados con actividades delincuenciales.
Alcaldes como Juan Navarro Rodríguez, de Ciudad Serdán, han gozado de impunidad porque ha basado sus actos ilícitos ligados a grupos delictivos por acuerdos relacionados a favores políticos.
A través del diputado federal, Javier López Zavala, logró con la anterior administración estatal, total impunidad, a cambio de la diputación local para el Partido Compromiso por Puebla, con Germán Jiménez García.
A Navarro Rodríguez no solo lo dejaron impunemente saquear las arcas municipales, sino imponer la ley del más fuerte con el reparto del territorio municipal a grupos delincuenciales dedicados al robo de gasolina, asaltos carreteros, secuestros, extorsiones y control de los giros negros.
Las denuncias ciudadanas nunca quisieron ser atendidas y dejaron crecer a los grupos delincuenciales en la zona, lo que les costó la vida a dos agentes ministeriales de la Fisdai en manos de la banda de los “Bukanas”.
Pero hay más. Los presidentes municipales del corredor de huachicoleros, y no solo del mal llamado “Triángulo Rojo”, recibieron las indicaciones de los mandos policiales y del gobierno anterior para no atacar la existencia de la venta de gasolina ilegal en sus municipios.
En los escritorios de los presidentes municipales existen los mapas de los puntos de venta de “huachicol”, pero los toleran porque los delincuentes pagan el “derecho de piso” y son instruidos para no atacar este ilícito porque “es un delito federal” y no del “fuero común”.
Hay más de un Pablo Morales Ugalde en los municipios, los hay también empresarios transportistas, comerciantes y hasta uno que otro servidor público con parque vehicular a su cargo, en la lista de clientes de los “huachicoleros”. El SAT, PGR, SHCP y la FGE ¿irán al fondo?