Leyes migrantes, historia de trato mercantil a la vida
México, al irse conformando como nación, fue estableciendo requisitos para la entrada y salida de migrantes. En la realidad, las leyes migratorias fueron y son candados para permitir el ingreso o cerrar las puertas a los migrantes, según los intereses en cada época.
A mediados del siglo XIX, el 30 de enero de 1854, se publicó el Decreto sobre extranjería y nacionalidad de los habitantes de la República Mexicana, documento que por primera vez en la historia del país, estableció requisitos para la llegada de extranjeros.
En el decreto se destacaba que los extranjeros no gozarían de derechos políticos; no podrían ocupar cargos municipales ni otros similares en el Estado; no se les permitiría obtener beneficios eclesiásticos; y tampoco podrían ejercer la pesca en las costas mexicanas, ni practicar el comercio por medio de sus buques mercantes.
De alguna manera, con el documento, México buscaba evitar que extranjeros pudieran controlar las costas mexicanas, ya que podrían ser un punto vulnerable de la nación ante posibles intervenciones de otros países.
Tras la Guerra de Reforma que aconteció en México entre el año 1858 y 1861, periodo en el que la nación estaba dividida en liberales y conservadores, el 16 de marzo de 1861 se instauró un registro para matricular a los extranjeros ante la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.
El objetivo de la nueva dependencia era hacer constar la nacionalidad de las personas para que pudieran gozar de los derechos que les conceden las leyes y los tratados que México hubiese firmado con sus respectivas naciones.
En aquellos tiempos, no se pensaba en la llegada masiva de centroamericanos, sino en evitar posibles invasiones de ejércitos, es decir, cerrar las puertas a posibles militares de otras naciones que se conviertan en un peligro para la estabilidad en el país.
Durante el Porfiriato apareció la Ley de Extranjería y Naturalización, el 20 de mayo de 1886. La nueva norma incorporó el derecho de los extranjeros para radicar en el país. En el documento se dispuso que los extranjeros gozarían de los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución Mexicana, de la misma forma que los nacionales, salvo la facultad del gobierno para deportar a extranjeros perniciosos.
Las leyes del Porfiriato estaban enfocadas en estrechar lazos con Europa, fórmula que buscaba el desarrollo económico del país. De alguna manera, en aquella época, se pensaba que si llegaban europeos, se podría generar un mayor dinamismo económico en el país.
Al final, en las propias leyes mexicanas, se fijan criterios que colocan a la vida de las personas como mercancías, como engranajes de una economía. Se abren o se cierran fronteras bajo criterios económicos y se pone en segundo término al ser humano.