De mentiras y pantallas
El gobierno actual se ha metido en un pantano del cual no sabe cómo salir. Cada que se mueve, su descrédito aumenta, no sólo en este país, sino en el extranjero
Las declaraciones de Roberto Campa, subsecretario de Gobernación (“El Universal”, 19 de junio), son terriblemente incorrectas y justificadoras de la inacción que durante cuatro años y medio ha tenido la administración de Enrique Peña Nieto, ante el homicidio de periodistas.
Decir que los tecleadores desconfían del gobierno ( sic, que ya no sabe a dónde ir), luego de las denuncias en la PGR y en Gobernación; señalar que identificaron la situación de riesgo en el caso de Rubén Espinosa, pero desafortunadamente fue asesinado ( sic, que cree en la suerte y no en la protección) y pretender minimizar el número de muertos en 18 informadores durante el peñismo ( sic, que insiste que van 37 y siete este año), es cerrar la puerta a las organizaciones que incluso hace poco se reunieron con el señor Campa y dijo que habría resultados pronto ( sic, que no ve claro).
Igual resulta torpe y hasta alevoso mandar a un colaborador de la presidencia de la República de segunda, Daniel Millán, a refutar lo planteado en una conferencia de prensa por varias organizaciones y personajes que documentaron abundantemente cómo fueron espiados por el gobierno. Además, el desmentido a “The New York Times” iba en un papel sin membrete, sin la firma del aludido y como si fuera algo sin importancia, lo que criticó acertadamente Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (Despierta, 20 de junio).
El gobierno actual se ha metido en un pantano del cual no sabe cómo salir. Cada que se mueve, su descrédito aumenta, no sólo en este país, sino en el extranjero.
En el caso de las escuchas a diversos ciudadanos, han sido criticadas por diferentes medios: “The Guardian”, “El País”, las agencias AFP, AP, Reuters y la BBC, entre otras. Sin embargo, para algunos periodistas oficiales será, una vez más, otra prueba del compló encabezado por López Obrador contra el impoluto gobierno peñista, lo cual raya en la locura. Deberíamos señalarle al patrón: “Amarre sus perros”.
El día que los mexicanos a los cuales se les atisbó hicieron la denuncia, en Madrid, España, la esposa de Javier Valdez Cárdenas recibió un premio de los miembros de la Asociación de Periodistas de aquel país. Griselda Triana dijo: No nos resignaremos a la impunidad (“La Jornada”, 19 de junio). Y agregó: que Enrique Peña Nieto salga de su burbuja y ofrezca resultados (ante los crímenes de compañeros) en lugar de espiar a colegas y luchadores sociales. Es indispensable, añadió, luchar contra la impunidad y garantizar el derecho a la información.
En una plática en Guerrero, José Reveles había precisado (Unión de Periodistas, 19 de junio), el narco está en tercer lugar entre los liquidadores de periodistas, luego de los funcionarios y las policías. Dio, además, cifras que no concuerdan con las de Campa: con Fox hubo 22 reporteros caídos, con Felipe Calderón 48 y con Enrique van 37. O sea, que este puede ser el sexenio más sangriento en la historia reciente. Al decir de Carlos Loret de Mola (“El Universal”, 20 de junio), el acecho a los periodistas abre la puerta para que se llegue más lejos: a la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas y los asesinatos.
En el caso de Carmen Aristegui, a la cual se intentó escuchar sus conversaciones, lo mismo que las de su hijo menor de edad, Emilio, ella señaló que el presidente debe afrontar el hecho y no escurrir el bulto, ya que es el responsable del Estado y de lo que ocurra en los asuntos más importantes del país.
Está documentado que la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen compraron el malware Pegasus, que sirve para detectar llamadas de terroristas y/o narcotraficantes (Wilbert Torre, “El Heraldo”, 20 de junio), pero se usó para fisgonear. Cada intento de espionaje cuesta 77 mil dólares, afirma John- Scott Railton, de Citizen Lab (Universidad de Toronto).
Este sistema ha sido usado con El Poder del Consumidor (Alejandro Calvillo), cuando realizó su campaña contra las bebidas azucaradas. Con Loret al investigar la matanza de Tanhuato; Mario Patrón, al indagar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Casa Blanca y sus secuelas, para Carmen Aristegui y su equipo (Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga). Al averiguar las cuentas fantasmas de Javier Duarte, de parte de Salvador Camarena que proporcionó datos al portal Animal Político. En fin, que han sido 88 ocasiones que se ha atisbado a los informadores y activistas (Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales).
Estos aparatos, por cierto, se usan frecuentemente en países como Etiopía, Emiratos Árabes y otros de gran autoritarismo. Incluso en Panamá lo puso en operación el ex presidente, Ricardo Martinelli, quien ahora está acusado ante la justicia de utilizar tales herramientas que van contra la libertad y la privacidad. Dice bien Alejandro Calvillo: estamos ante “la descomposición de un gobierno
vacío de legitimidad”.