“Padecemos corrupción extorsionadora”, acusa IP
En la mayoría de casos hay que pagar para acelerar un trámite o una autorización, asegura Gustavo de Hoyos, líder de Coparmex
Después de que el Inegi diera a conocer que el sector privado no realiza denuncias ante hechos de corrupción porque le conviene, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confirmó que los empresarios son víctimas de la corrupción.
En entrevista, el presidente del patronato, Gustavo de Hoyos Walther, explicó que en la mayoría de los casos, sin justificar que exista esta práctica, se trata de una “corrupción extorsionadora”, no pactada.
Es decir, “cuando desde el gobierno se amenaza con no sacar adelante un trámite, no emitir una autorización o demorarla. A mi juicio, en la inmensa mayoría de los casos estamos en presencia de un empresario que es víctima de un acto de corrupción”.
Destacó que la encuesta que realizó el Inegi se refiere fundamentalmente a la calidad del marco regulatorio, porque en la medida en que tenga mejor regulación, habrá menores espacios para la discrecionalidad y, por lo tanto, menor corrupción.
También comentó que se encuentran impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción. “Estamos participando para que este tema, que ciertamente sí es una realidad nacional, pueda abatirse paulatinamente”.
Hizo un llamado categórico para que el Poder Legislativo cumpla con su responsabilidad, “más allá de si el sistema puede,
Las numerosas gestiones que hay que hacer frenan la productividad del país: Juan Pablo Castañón “Si el funcionario se abstuviera, se eliminaría de raíz”, asegura Ada Irma Cruz Davalillo
como si fuera un vehículo, ir con una llanta de refacción, operar con el trabajo del procurador general. El diseño institucional es para que contemos con un fiscal anticorrupción... nuestro llamado al Poder Legislativo de manera respetuosa, pero firme, es que dejen de estar discutiendo intereses político partidistas y que cumplan con su responsabilidad legal”.
De Hoyos destacó que “se ven muy mal los legisladores que por cualquier pretexto, y aunque el carro pueda andar con una llanta de refacción, no cumplen con su tarea constitucional”.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en México no hay mecanismos seguros de denuncia y transparencia para darles seguimiento a estos hechos.
En entrevista, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, dijo que se tienen que elaborar y promover mecanismos efectivos de denuncia entre las entidades públicas, ya que la encuesta realizada va desde lo municipal hasta lo federal.
De acuerdo con el reporte del Inegi, la corrupción, la regulación y los numerosos trámites que las empresas tienen que realizar y cumplir frenan la productividad y el desarrollo de la economía del país.
Explicó que la corrupción toca a la función pública, así como a las propias compañías que, evadiéndose de ella, acceden a contratos más fácilmente que las que seriamente trabajan en un contrato de cumplimiento y regulación interna. “Hoy tenemos una ley que entra en vigor este mes, en donde las empresas tendrán multas y sanciones en aquellas que hayan sido comprobadas en hechos ilícitos en materia de corrupción”, comentó Castañón.
Por otra parte, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, (Canacope) que dirige Ada Irma Cruz Davalillo, dijo que la encuesta del Inegi es un ejercicio estadístico altamente positivo y oportuno, por el aporte al reconocimiento de la problemática de la corrupción.
En un comunicado, señaló que la corrupción impacta de forma negativa a las empresas, pues limita su actividad, le impide crecer, merma sus finanzas y debilita la confianza en las autoridades. “Es claro que si una parte se abstiene de insertarse en el acto de corrupción, no existiría; si el funcionario se abstuviera, se eliminaría de raíz; sin embargo, para el usuario la ruta de acción se presenta mucho más complicada”.