TRASCENDIÓ
Que
la Segob federal declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, en Quintana Roo; mientras que para Puebla, se emitieron ocho medidas. Al gobierno de Puebla, le dictó ocho acciones específicas, que son elaborar un diagnóstico estatal sobre tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, para generar acciones específicas de prevención. Al mismo tiempo, le solicitó emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, incluida la familiar.
Que
este día se realizará la llamada “Marcha por la Seguridad”, en la que ciudadanos de diferentes colonias de la capital saldrán a las calles para solicitar mayores medidas contra la delincuencia. Los manifestantes saldrán alrededor de las 10:30 horas del Paseo Bravo, justo frente al Reloj del Gallito, con dirección al zócalo de la capital poblana, donde se espera una concentración masiva.
Que
una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se impactó contra un árbol en el crucero de Calzada Zaragoza y Unidad Deportiva en Maravillas, frente a una gasolinera. Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar las razones del accidente.
Que
la pelea que comenzó en un restaurante de la colonia Huexotitla en la que el juez Gabriel González Alegría perdió una oreja, podría terminar en un acuerdo reparatorio. La defensa del juez y la representación del joven que dio la mordida optaron por una solución alternativa al procedimiento mediante el pago por la reparación de los daños.
Que
ante los problemas de inseguridad en la zona centro del país, comenzaron los trabajos para revivir el operativo Fuerza Conago que fue firmado hace 12 años, en 2005, por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y los ex gobernadores Melquiades Morales, de Puebla; Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; y Arturo Montiel, del Estado de México. El esquema cuenta con la finalidad de desarrollar estrategias para optimizar la organización y funcionamiento de una política en materia de seguridad pública, así como establecer las bases y mecanismos de coordinación para instrumentar estrategias coordinadas.