Ahora el GIEI… y los que faltan

Los vacíos de información se llenan.

Y mientras el gobierno de México y la PGR sigan retrasando una resolución del caso, peor será.

Ayer, un nuevo reporte de Citizen Lab confirmó que un teléfono propiedad del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo en México como parte del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibió dos mensajes que el laboratorio de la universidad de Toronto ha confirmado, fueron intentos de espionaje. Y que el malware utilizado fue Pegasus, propiedad de NSO, una empresa israelí de capital estadunidense que, según la compañía, solo vende a gobiernos.

Sabemos que el sistema Pegasus ha sido comprado por la PGR, el Cisen y la Secretaría de la Defensa, aunque como lo dice el reporte de Citizen Lab, hasta hoy no se puede asegurar que ninguna de esas entidades gubernamentales sea responsable de los intentos de espionaje. Eso toca a la PGR.

El GIEI se une a una lista cada vez más larga de quienes entre 2015 y 2016 recibieron los mensajes maliciosos, entre ellos activistas de derechos humanos, líderes de organizaciones de la sociedad civil, políticos de oposición y periodistas. El gobierno respondió ayer con formalidades. Pero ayer mismo el Citizen Lab dice que desde la publicación de los reportes y las notas en The New York Times han sido contactados por “numerosos” individuos que sospechan de mensajes similares recibidos en ese lapso. Es decir, esto no se ha acabado.

Alguien en el gobierno tiene que entender que esto ya no es solo un asunto criminal y a partir de lo que sabemos hoy, uno de política internacional. Los integrantes del GIEI tenían, por su mandato, protecciones especiales.

Desde el primer reporte en febrero, las organizaciones pidieron explicaciones y solo tuvieron el silencio como respuesta, lo que le costó al gobierno la salida de estas organizaciones de la alianza para un gobierno abierto. Ahora, la CIDH se suma al extrañamiento. La solución está en manos del gobierno. Ellos saben cuántos “usuarios” compraron y saben cuántos se usaron. Y saben cuántas órdenes judiciales les han sido concedidas. No hay mucha ciencia. Si coinciden los usuarios con las órdenes, habrá que buscar en otra parte.

Si no, a esperar la próxima primera plana de The New York Times.