La auditoría de SLP cesa a 80 aviadores
Aceptan la falta de más controles internos
La Auditoría Superior de San Luis Potosí dio a conocer que 80 empleados de la dependencia fueron cesados por no lograr acreditar las funciones por las que estaban contratados.
La depuración de trabajadores se da luego del relevo en el cargo de Jesús Martínez Loredo, por el caso de moches a cambio de “limpiar” las cuentas públicas de los ayuntamientos.
Con la designación de Elizabeth Cervantes Salgado como encargada del despacho de la Auditoría, comenzó la revisión del personal, que terminó con el despido masivo de empleados y de al menos 13 colaboradores cercanos al ex auditor Jesús Martínez.
El 30 de junio, la institución decidió no renovar el contrato a 80 personas, de las cuales no se tenía conocimiento de dónde laboraban o las actividades que realizaban en la dependencia.
Cervantes reconoció que a la institución le hace falta fortalecer sus controles internos, los cuales calificó como riesgos inherentes del trabajo de fiscalización, ya que los problemas que se han presentado son por falta de control.
Dijo que es necesario fortalecer los procedimientos, tener más controles para que los resultados sean correctos, sin injerencia externa y sujetos a las normas y leyes que rigen a la Auditoría.
La encargada del despacho aseguró que se está trabajando para recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad y que el despido de trabajadores cuya labor no estaba identificada, forma parte de ese proceso.
Hace un mes se dio a conocer un video en el que se exhibe al diputado del PAN Enrique Flores ofreciendo al presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz, ayudarle a resolver las irregularidades de las cuentas públicas a cambio de 10 por ciento del monto.
Flores también presume la participación de un grupo de diputados y de personal de la Auditoría estatal. Tras el video renunció al cargo de auditor Jesús Martínez Loredo.
La Auditoría tiene pendiente reponer 113 fiscalizaciones del ejercicio fiscal 2016, por orden del Congreso local, con el propósito de evitar sospechas de corrupción.
También se está a la espera de que la Comisión de Vigilancia contrate un despacho contable externo que pueda acompañar los trabajos de auditoría que realizará la institución.