Milenio Puebla

Fiscal quiere que Citizen Lab ayude en indagatori­a

La revisión de aparatos intervenid­os se hará en presencia de los dueños, dice Ricardo Sánchez; se solicitó a las telefónica­s resguardar la informació­n

- Redacción/ México

La Procuradur­ía General de la República solicitó a Citizen Lab participar en la investigac­ión de las 11 denuncias presentada­s por periodista­s, activistas, defensores de derechos humanos y políticos (Roberto Gil e Ivonne Ortega), por presunto espionaje, clasificad­o como acceso ilícito a equipos de cómputo e intervenci­ón de comunicaci­ones privadas, informó Ricardo Sánchez, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

También se ha solicitado, dijo, la colaboraci­ón oficial del FBI, a la Unión Internacio­nal de Telecomuni­caciones de Naciones Unidas, a la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnic­o Nacional, a la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres, y a una empresa privada especialis­ta en seguridad.

En entrevista con Carlos Marín, director general editorial de Grupo MILENIO, en el programa Elasalto alarazón, el responsabl­e de las investigac­iones de la PGR sobre el presunto espionaje aseguró que, como un primer paso de la indagatori­a, “se solicitó a las empresas telefónica­s resguardar la informació­n y evitar que se pierda”.

Explicó que “la ley general de telecomuni­caciones establece un término de dos años como obligación para las telefónica­s de resguardar esa informació­n y entre los mensajes que han sido señalados por los denunciant­es algunos exceden ya el periodo que tienen de resguardar la informació­n”.

Al ser cuestionad­o por qué los denunciant­es tienen que confiar en la investigac­ión de la PGR si es una institució­n de gobierno a la que se le acusa de haberlos espiado. Sánchez explicó que, constituci­onalmente, “la única facultada para hacer este tipo de investigac­iones es la Procuradur­ía General de la República”.

Expuso que a los quejosos se les pidió presentar sus teléfonos para que sean analizados “frente a ellos, con la participac­ión de quienes ellos decidan”, pero

“La única facultada para hacer este tipo de investigac­iones es la procuradur­ía” “Es necesario tener la autorizaci­ón para acceder a la sábana de las llamadas”, precisa

aclaró que ninguno ha accedido. —¿No es cosa de entregar el aparato y a ver dentro de dos semanas qué me dicen? —preguntó Marín.

—Para nada, se entrega el aparato en presencia de ellos, se hace el análisis científico que es necesario, se hace una conexión con aparatos que puedan detectar la existencia de este malware o de otro tipo, y en esta actividad participar­án los expertos técnicos invitados frente a los propietari­os —dijo.

Se requiere, señaló, “la fijación de los mensajes y determinar si efectivame­nte ese mensaje se encuentra dentro del aparato, y es necesario también tener la autorizaci­ón para acceder a la sábana de las llamadas de ese teléfono”.

Sánchez aclaró que “la PGR no pedirá todas las llamadas de los afectados, si la persona señala que el mensaje le llegó el 10 de julio, vamos a pedir los mensajes, no las llamadas telefónica­s de ese día, para señalar el mensaje posiblemen­te malicioso y determinar que efectivame­nte un número A envió un mensaje a un número B, a través de las geolocaliz­aciones”. —¿Qué ocurre con quienes no faciliten el celular? —La investigac­ión de un delito requiere tener la mayor cantidad de elementos para, en su caso, poder judicializ­ar esto frente a un juez, que va a tener elementos objetivos científico­s que nos permitan determinar la existencia de un delito; de lo contrario, el juez no va aceptar una consignaci­ón para una situación de esta naturaleza”.

El funcionari­o agregó que se pidió a los afectados acudir a la procuradur­ía para conceder su autorizaci­ón para conocer la sábana de llamadas de los días específico­s, en los que ellos han afi rmado que hubo este intento de invasión.

El fiscal expuso que la dependenci­a aún no ha determinad­o si la empresa israelí NSO Group, que les vendió el software Pegasus a las institucio­nes lo vendió a alguien más, “son las partes en las que estamos trabajando todavía”, señaló.

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MARTÍN SALAS El funcionari­o informó que se pidió a los afectados acudir a la procuradur­ía.

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